Fue un caso mediático y que provocó una crisis en la policía uniformada. Se trata de la Operación Huracán, misión policial encargada a la Dirección de Inteligencia, para investigar a cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu en 2017. Sin embargo, a poco andar, y luego de que la Corte Suprema decretara la ilegalidad de la detención de los investigados, el caso se transformó en una investigación contra Carabineros por haber, presuntamente, adulterado evidencia.
Siete años después, la causa entra en su etapa final, pues para este jueves 13 de marzo está programado el inicio del juicio oral, donde el Ministerio Público intentará probar la culpabilidad de 11 exfuncionarios policiales.
Ante el tribunal declararán 247 testigos, policías y fiscales, quienes entregarán su versión de los hechos, los que, a juicio de los acusados, están alejados de la versión del Ministerio Público. Por lo mismo, se espera la concurrencia del exgeneral Villalobos, los fiscales Luis Arroyo Palma y Emiliano Arias Madariaga, y figuras como Mahmud Aleuy y Jorge Abbott.
La Fiscalía ha solicitado penas de 15 años de prisión para los acusados, lo que anticipa un juicio de alta tensión.
“Los entonces funcionarios de Carabineros de Chile, alejándose de la doctrina institucional y de las normas básicas del debido proceso, se asociaron ilícitamente con la finalidad de cometer diversos delitos como el de obstrucción a la investigación y el de falsificación de documentos públicos”, señaló el Ministerio Público en su auto de apertura.
Sin embargo, la defensa del exgeneral Blu -exjefe de Inteligencia de Carabineros- rebate esa versión en la antesala del inicio del juicio.
Cristán Arias, abogado defensor de Blu, explica que este juicio constituye una oportunidad de establecer que la acusación en contra de su representado es “artificiosa y no se corresponde con la realidad ni con la prueba. Esa acusación es reflejo de una desviación más de las funciones que ejercía Carlos Palma”.
En esa misma línea, otro abogado del equipo defensor, Claudio Pavlic, agrega que “este será un proceso plagado de desafíos procesales y fácticos, que lo hace muy distinto a un proceso penal promedio, por la intervención directa en los hechos investigados que forman parte de la acusación de varios fiscales, que fueron excluidos de la imputación y por otra parte con intervinientes que durante el proceso han aparecido en roles directa o indirectamente relacionados con esta causa”.
Se espera que el juicio se extienda por tres meses, en que tanto el Ministerio Público, como las defensas y los querellantes, tendrán oportunidad para exponer su prueba.
