El Consejo de Defensa del Estado presentó, ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, una demanda de reparación por daño ambiental en contra de la empresa inmobiliaria Petrohué Riverside SpA, y sus representantes legales, por la ejecución de un proyecto inmobiliario en el Lago Llanquihue, que colinda con dos áreas protegidas del Estado: el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y la Reserva Nacional Llanquihue.
El caso fue dado a conocer por Reportajes T13 en junio pasado, cuando se abordó la masiva migración de santiaguinos al sur, y en particular a la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, además de algunas comunas de la Isla Grande de Chiloé.
El loteo de terrenos a la venta se expandió considerablemente y generó preocupación en las autoridades de la zona que investigaron la condición legal de más de 30 proyectos en construcción en la zona.
La demanda interpuesta por el CDE se sustenta en los informes de fiscalización de los servicios con competencia en la materia, entre ellos SAG, CONAF, Sernageomin y la Municipalidad de Puerto Varas, cuyas indagaciones determinaron que la empresa habría ejecutado obras de urbanización, subdivisión y loteo con fines inmobiliarios, sin autorización, al margen de la regulación y sobre un área de riesgo volcánico y de inestabilidad de suelos, al margen de la planificación urbana y la normativa ambiental.
Lo anterior, se dice en la demanda, ha significado el ingreso de equipos de trabajo y maquinaria pesada dentro del predio a fin de proceder a la tala de bosque nativo, con remoción de capas de suelo, excavación de zanjas, entre otras acciones, lo que se ha traducido en la pérdida grave de vegetación, menoscabo al componente suelo, fragmentación de hábitat, pérdida de la biodiversidad y afectación de servicios ecosistémicos, con severo detrimento de una zona de aproximadamente 60 hectáreas de alto valor ecológico.
“Se desprende que la consecuencia del daño ambiental causado por los demandados es la reparación material del medio ambiente y/o de sus componentes, en términos de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”, dice el documento.
El CDE solicitó además, como medida cautelar, la paralización de la obra en el área que es objeto de daño, por considerar que los hechos señalados significan un daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable para la comuna de Puerto Varas.