La Superintendencia de Salud cifró en más de 1,1 billón de pesos el monto total que las isapres deben devolver a 725 mil usuarios en el marco del fallo de la Corte Suprema que deben cumplir las instituciones.
Fue durante este martes que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley corta que pretende dar cumplimento al fallo del máximo tribunal por la fijación de precios de los planes de las isapres.
En detalle, la iniciativa busca que las aseguradoras cumplan con el fallo de la Corte Suprema que las mandata a aplicar una nueva tabla de factores a todos sus afiliados y, a la vez, restituir los cobros en exceso.
Este miércoles, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió a la Comisión de Salud del Senado para abordar el proyecto de ley, en compañía del superintendente de salud, Víctor Torres.
En dicha instancia se expuso a cuánto asciende el monto que las isapres deben devolver a los usuarios, llegando a un total de $1.121.615.765.157, una cifra cercana a los US$1.400 millones., correspondiente a una cartera de 725 mil contratos que se verán afectos al nuevo marco de fijación del componente del precio final de los planes de salud de las instituciones.
De acuerdo a lo detallado por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, el multimillonario monto se divide entre nueve isapres.
Del total, $278.265.111.165 corresponden a Cruz Blanca; $242.498.785.099 a Colmena; $222.464.640.229 a Banmédica; $199.465.479.435 a Consalud; $89.088.164.612 a Nueva Masvida; $74.939.074.210 a Vida Tres; $10.505.782.202 a Fundación; $4.214.518.731 a Isalud; y $174.209.476 a Esencial.
Autoridad sanitaria impulsa prórroga de seis meses para que isapres cumplan con el fallo
Luego de participar en la sesión de la Comisión de Salud, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, manifestó que "como Ejecutivo estamos dando cuenta de cómo se dará cumplimiento a esta sentencia. Nosotros habíamos hablado previamente de que si era necesario tener una prórroga para el cumplimiento de la sentencia no íbamos a tener resquemores en solicitarla. El día de hoy (miércoles) el superintendente de salud, que es la persona mandatada por la Corte a dar cumplimiento con la sentencia, hizo una solicitud de prórroga; por lo tanto, eso ya está en conocimiento de la Corte Suprema".
El superintendente de Salud, Víctor Torres, indicó que "entendemos que lo más óptimo es requerir este nuevo plazo, de tal manera que el Congreso pueda debatir este proyecto de ley y no que esté en contra del tiempo respecto de lo que originalmente nos había dictaminado la Corte".
"No es que el Ejecutivo tenga o no que pedir este aplazamiento, sino que somos nosotros como Superintendencia de Salud que lo hemos hecho el día de hoy", agregó.
Y si bien apuntó que la prórroga sería de seis meses más "evidentemente si la ley sale antes esto se cumple antes".
"La sentencia tenía complejidades que requerían de un proyecto de ley y esperamos que en el ejercicio democrático que se hace acá en el Senado y después en la Cámara de Diputados podamos tener una respuesta adecuada, mejorada incluso, de la propuesta que nosotros hemos hecho dentro del marco de lo que pide la Corte para dar cumplimiento a la sentencia", complementó la minisra.
Igualmente, ahondó en el proceso de devolución, indicando que "el primer beneficio que van a tener las personas a las cuales se les ha hecho cobros en exceso, es que una vez publicada la ley y la circular (...) a esas personas se les va a dejar de cobrar en exceso. O sea, van a tener una rebaja inmediata de su cotización".
"Esa rebaja es un promedio de $50 mil mensuales para ese conjunto de contratos, que son sobre 600 mil, además de los contratos que están afectos por la suspensión del cobro de los menores de edad que son 60 mil contratos más", agregó la ministra Ximena Aguilera.
Y en relación a las devoluciones, dijo que "ese mismo conjunto de personas, aproximadamente, son aquellas a las que se les debe devolver. Las isapres van a tener seis meses para presentar el plan de pago y la Comisión de Expertos va a tener seis meses para evaluar esos planes de pago (...) y de ahí partiría el superintendente para emanar la circular para que comiencen las devoluciones".