En un contexto de fuerte aumento de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), la Tesorería General de la República (TGR) inició un nuevo proceso de cobro dirigido a más de 550 mil personas que se encuentran en mora.
El escenario refleja la magnitud del problema: el pasivo asociado al CAE llegará a $4 billones en 2025, lo que representa un crecimiento de ocho veces en comparación con 2018. Frente a este avance, la autoridad busca intensificar las acciones de recuperación de deuda.
Sin embargo, la controversia en torno a estos cobros sumó un nuevo capítulo. Un estudio jurídico decidió llevar el caso a tribunales, cuestionando los mecanismos utilizados por la Tesorería.
La iniciativa fue encabezada por el abogado Héctor Anabalón, del estudio HAZ Abogados, desde donde acusan que el eventual embargo de bienes a los deudores sería ilegal.
Los recursos de protección, presentados ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, apuntan contra los cobros que la TGR intenta ejecutar mediante la vía de embargo contemplada en el Código Tributario.
Tesorería no tendría facultades para embargar bienes a deudores del CAE
Según la tesis del recurso, el CAE no corresponde a un impuesto ni a una deuda tributaria, sino a un crédito educacional regulado por la Ley N° 20.027. Bajo ese argumento, la Tesorería no tendría facultades para aplicar el procedimiento excepcional de ejecución y embargo establecido en el Título V del Código Tributario.
De acuerdo con la presentación, la autoridad estaría aplicando a una deuda educacional un régimen de cobro “gravado”, reservado legalmente para obligaciones tributarias o créditos sometidos expresamente a ese estatuto.
El recurso también plantea que la propia normativa del CAE remite a las reglas generales de cobranza judicial y extrajudicial, y no a mecanismos especiales.
“En otras palabras, la TGR estaría actuando como ‘supercobrador’ sin habilitación legal expresa”, indicaron desde HAZ Abogados.
Además, la acción judicial advierte que esta práctica podría afectar el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, al someter a los deudores a un sistema de cobro más severo que el contemplado en la legislación del crédito estudiantil.
El documento también señala que este procedimiento permite medidas como el requerimiento de pago, embargo e incluso el uso de fuerza pública, lo que intensifica la preocupación en torno al caso.
