La Contraloría Regional de Valparaíso identificó deficiencias estructurales y operativas en los controles realizados por la Dirección Regional de Aduana de Los Andes (DRALA) en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, luego de una auditoría realizada entre enero de 2024 y marzo de 2025.
Las observaciones, detalladas en un informe que publicó la Contraloría General de la República (CGR), exponen una vulnerabilidad crítica de acceso y fallas en infraestructura de seguridad, constatando que vehículos provenientes desde Argentina pueden ingresar a Chile utilizando el carril de salida, evadiendo completamente los controles obligatorios.
Se trata de una situación conocida desde 2021, pero que hasta la fecha de emisión del informe todavía no se corrige.
Pero eso no es todo. También se evidenció una ausencia de un circuito de cámaras perimetral, puntos ciegos que facilitan ingresos irregulares y un acceso sólo "espejo" al sistema de cámaras, sin autonomía para revisar registros históricos.
El informe también revela que el servicio fiscalizó sólo el 2,99% de las Declaraciones de Ingreso (DIN) y el 0,42% de los Documentos Únicos de Salida (DUS) aceptados a trámite, lo que representa un alcance insuficiente de las fiscalizaciones en línea.
Otra observación tiene relación con la subutilización de los elementos tecnológicos disponibles para el control migratorio. Por ejemplo, se constató que el camión escáner operó principalmente de día y con variación de horarios —entre 08:00 y 16:00 horas—, a pesar de que el complejo funcionó en régimen 24/7.
También registró 54 días sin uso por fallas, mantenimiento o falta de operarios, además de 25 días con menos de cinco horas de operación. Sobre lo mismo, la falta de conexión eléctrica permanente obligó a operar con generador, exigiendo traslados semanales para abastecer combustible que dejan al complejo sin apoyo operativo.
Asimismo, de acuerdo con las falencias que expuso Contraloría, se detectó que el escáner carece de integración con el sistema de Declaración de Ingreso, como había ofrecido el proveedor, y que los funcionarios usan teléfonos personales y aplicaciones externas para capturar y transmitir imágenes de la fiscalización, vulnerando estándares operativos y de seguridad.
