La Contraloría General de la República (CGR) detectó la existencia de $796.440 millones en saldos contables sin movimiento en organismos del sector público y municipal, correspondientes a recursos registrados en cuentas financieras que permanecen inactivas desde 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de 2026. Esto, a través de la herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo RADAR de la Contraloría.
Del total mencionado, $641.954 millones corresponden al sector público, mientras que $154.486 millones al sector municipal, de acuerdo con la información obtenida desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), administrado por Contraloría.
El informe expone que, aunque la existencia de saldos sin movimiento no constituye una irregularidad por sí sola, su prolongada permanencia genera riesgos importantes para la gestión de los recursos públicos; como la posibilidad de perder recursos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza, la existencia de fondos transferidos que no están siendo utilizados para los fines previstos y la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones.
Por otra parte, más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar, según el análisis. Es decir, son fondos cuya recuperación depende de acciones de cobranza y que, por tanto, no constituyen recursos disponibles de manera inmediata, lo que incrementa el riesgo de incobrabilidad o incluso de prescripción de sus montos.
En el caso de los recursos disponibles, esta situación puede evidenciar fondos sin movimiento que no están siendo utilizados para los fines específicos a los cuales fueron destinados o información desactualizada o incorrecta de la contabilidad de los organismos del sector público o municipal, lo que perjudica la toma de decisiones confiables.
Contraloría anunció que estos antecedentes se comunicarán directamente a las entidades involucradas, con el objetivo de que los revisen y, en el caso que corresponda, realicen las acciones de cobranza, regularicen los saldos inactivos, impulsen mecanismos de control y seguimiento y adopten las medidas que permitan mejorar la calidad de su información financiera y el uso correcto de los recursos públicos.
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