La Contraloría Regional Metropolitana detectó condiciones sanitarias deficientes y falta de control de la salud de los menores, además de demoras en la denuncia de posibles delitos, al fiscalizar el funcionamiento operativo, técnico y administrativo de la residencia Casa Nacional del Niño, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre de 2025, la Casa Nacional del Niño atiende a menores que fueron vulnerados en sus derechos, de los cuales 63 son pequeños de 0 años a 3 años y 11 meses; otros 36 de entre 4 años y 8 años y 11 meses; 16 menores de entre 9 y 13 años 11 meses; y un adolescente entre 14 y 17 años y 11 meses.
Sobre la salud de los menores, la Contraloría detectó inconsistencias, omisiones y falta de actualización de los antecedentes mantenidos por la residencia y la información registrada en el Sistema Integrado de Información (SIS), verificándose diferencias sobre las condiciones permanentes de salud, hospitalizaciones, atenciones de especialidad, controles médicos y otros antecedentes clínicos relevantes de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Además, se detectó que en la Casa Nacional del Niño no se utilizan los registros institucionales obligatorios para el control de las atenciones de salud y gestión de medicamentos de los niños, niñas y adolescentes, existiendo anotaciones manuales, hojas de evolución, tarjetas de tratamiento y otros registros internos no estandarizados, lo que impide mantener la trazabilidad y adecuado control de las actuaciones de salud y de su gestión farmacológica.
También se constataron debilidades en el registro y trazabilidad de las salidas de los menores a centros de salud, pues el libro de interconsultas no contenía información suficiente para reconstruir íntegramente cada salida y regreso de los menores a la Casa Nacional del Niño.
Adicionalmente, Contraloría detectó deficiencias relacionadas con la gestión clínica de la residencia, asociada al almacenamiento, segregación y conservación de medicamentos e insumos clínicos; al registro, inventario y trazabilidad del stock, expone el organismo en su portal oficial.
Otro de los hallazgos de la Contraloría tiene relación con el incumplimiento de los plazos establecidos para denunciar, comunicar y registrar en el Sistema Integrado de Información hechos que eventualmente podrían constituir delitos y que involucraban a niños, niñas y adolescentes bajo la protección de esta residencia.
Con relación a esto último, la fiscalización permitió evidenciar retrasos en actuaciones que debían realizarse dentro de los plazos fijados por el Código Procesal Penal. Según la normativa vigente, el director o directora del proyecto debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad competente de manera inmediata o, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a la toma de conocimiento de los hechos. Sin embargo, Contraloría detectó múltiples casos en los que esta obligación legal no se cumplió de manera oportuna.
También se detectaron condiciones sanitarias deficientes en la Unidad Central de Producción de Alimentos, así como en el almacenamiento de alimentos en la bodega central. Por ejemplo, se verificó la presencia de insectos; mallas mosqueteras dañadas y sucias; falta de mantención de la campana de cocina; sifones de lavaplatos sucios y sin adecuada mantención; ausencia de ventilación suficiente en las cámaras de frío, entre otras.
En cuanto al almacenamiento, se encontraron productos dispuestos directamente sobre el piso, exceso de acopio, ocupación de espacios de tránsito y disposición de productos próximos a muros y techos, sin condiciones suficientes para su adecuada ventilación, inspección, limpieza, rotación e identificación.
Por todo esto, Contraloría ordenó a la Dirección Nacional del Servicio de Protección informar sobre el inicio de un sumario, en un plazo de 15 días, destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos mencionados.
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