La Contraloría Regional de Coquimbo informó que iniciará un sumario y enviará los antecedentes tanto al Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras detectar irregularidades en el uso de recursos enviados desde la Delegación Presidencial Regional hacia los municipios, en el marco de la escasez hídrica que enfrenta la zona.
Según detalla el organismo, la auditoría constató que la Municipalidad de Ovalle adquirió cuatro bombas de 1 HP-220 V por un valor de $1.442.500 sin IVA cada una. Sin embargo, el precio pagado por el municipio resulta desproporcionado si se compara con los valores publicados en Mercado Público, que oscilan entre $241.613 y $675.000, o con los informados por distintas empresas, que van entre $149.990 y $469.990.
En ese contexto, se advirtió un sobreprecio aproximado de $767.500 por unidad, equivalentes a un 187,95 % sobre el valor de mercado promedio.
Además, la fiscalización detectó el pago de $99.774.198 por parte de la Municipalidad de Punitaqui a tres empresas por prestaciones de servicio de arriendo de maquinarias, contratadas mediante trato directo.
En este caso, las empresas emitieron facturas electrónicas el 19 de diciembre de 2022, las cuales fueron recepcionadas de manera conforme por la municipalidad. Sin embargo, se verificó que los servicios fueron ejecutados entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, y que los documentos emitidos por el municipio que dan cuenta del término del servicio difieren de esas fechas. Por lo anterior, Contraloría ordenó a la Municipalidad de Punitaqui realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de ello.
Salamanca y Andacollo deberán restituir recursos:
De acuerdo con los convenios de transferencia aprobados por la Subsecretaría del Interior, se establece que los municipios pueden destinar fondos de emergencia para solucionar deudas con proveedores.
Tras examinar las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo, proporcionadas por la DPR de Coquimbo, Contraloría detectó rendiciones de gastos por $31.730.545 y $14.195.652, respectivamente, por concepto de deuda de agua potable. Sin embargo, el organismo encontró que ambas municipalidades habían pagado los consumos de agua potable en 2020, lo que implica que, al momento de rendir esos gastos ante la Delegación Presidencial Regional, no tenían deudas pendientes con el proveedor.
La DPR de Coquimbo deberá solicitar a las municipalidades de Salamanca y Andacollo la restitución de los recursos por un total de $45.926.197, lo que deberá informar a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles.
Por otro lado, las municipalidades de Andacollo, Paihuano y Coquimbo adquirieron bienes y servicios por $109.337.229. Sin embargo, en sus expedientes de pago no se encontró un listado consolidado con la firma de los beneficiarios que registre su recepción conforme.
Estas municipalidades deberán proporcionar a la Delegación Presidencial Regional los antecedentes que den cuenta del cumplimiento del convenio en relación con la recepción conforme de los productos por parte de los beneficiarios.
