La Contraloría tomó razón del decreto presentado por el gobierno que ordena estado de excepción constitucional en la zona norte a raíz de la crisis social que se vive.
La medida del Ejecutivo -que se hará efectiva en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa- fue determinada luego del asesinato del camionero Byron Castillo, en cuya muerte los principales sospechosos son tres ciudadanos venezolanos.
Luego de lo ocurrido, se produjeron masivas manifestaciones por parte de gremios camioneros en el país, tras lo que el gobierno anunció la medida de excepción en la zona.
En este contexto, el gobierno decidió decretar el estado para que personal de Fuerzas Armadas pueda prestar colaboración, de forma indirecta, en labores de resguardo del orden público en dichas provincias.
La medida se suma a la que actualmente está en vigencia en la Macrozona Sur desde octubre pasado, a propósito de los hechos de violencia rural que han ocurrido en las regiones de Biobío y La Araucanía en el último tiempo.