Un paquete de siete medidas presentó el Gobierno a representantes de los gremios del transporte de carga, con el objetivo de abordar materias relacionadas con el precio del diésel, el financiamiento de las empresas, las condiciones de trabajo y la seguridad en las carreteras.
En la instancia participaron representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).
Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona; y el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.
Las siete medidas que el Gobierno presentó a los camioneros
Una de las propuestas apunta a facilitar el acceso a financiamiento mediante la creación de un mecanismo denominado FOGAIN Transporte, destinado a pequeñas y medianas empresas del sector.
La iniciativa contempla créditos con garantías estatales de entre 90% y 95%, superiores al rango de 50% a 80% señalado para el Fogape general.
Además, considera duplicar los plazos de pago, establecer seis meses de gracia y ofrecer tasas de interés de entre 8% y 9%.
Según una simulación presentada en la reunión, una microempresa podría reducir su cuota mensual de $410 mil a $242 mil, equivalente a una disminución del 41%.
Otra medida consiste en implementar un indicador oficial del precio del diésel, elaborado con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que se actualizaría mensualmente.
Este instrumento se complementaría con una calculadora del Índice de Costos del Transporte (ICT), herramienta con la cual cada transportista podría estimar reajustes considerando su propia realidad de gastos.
Cambios en impuestos y multas por sobrepeso
El Gobierno también propuso modificaciones tributarias para facilitar la recuperación del impuesto específico por parte de los transportistas de carga.
La iniciativa permitiría acumular los montos correspondientes al denominado impuesto negativo y compensarlos con débitos futuros cuando el impuesto vuelva a ser positivo.
La propuesta se incorporaría mediante indicaciones a un proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo.
Otra de las medidas modificaría la responsabilidad por las multas asociadas al exceso de peso de los camiones.
Las sanciones serían asumidas por la empresa generadora y el dueño de la carga, en lugar del conductor o propietario del camión.
También se contempla reforzar los controles a vehículos de carga extranjeros en las fronteras y avanzar en sistemas de pesaje en movimiento, actualmente en pruebas en la Ruta 68.
Seguridad en carreteras y nuevas zonas de descanso
También se plantea incorporar cámaras, lectores de patentes e iluminación en las rutas concesionadas, junto con facilitar el acceso policial a información de circulación en tiempo real.
Los contratos de concesión vigentes deberán incorporar estas medidas hasta julio de 2030, en el marco de la Ley N° 21.750.
En paralelo, el Ejecutivo abordó la disponibilidad de espacios de descanso para transportistas.
Actualmente, habría 165 zonas de estacionamiento administradas por Vialidad y 41 zonas de descanso concesionadas.
A ellas se sumarían cinco instalaciones que están en construcción en la Ruta 5 y otras diez cuyo inicio está programado entre 2027 y 2030.
El Gobierno espera que los gremios sean los responsables de identificar los lugares donde consideran más urgente habilitar nuevos espacios.
Reajuste de tarifas según el precio del combustible
Finalmente, se contempla una campaña para promover el uso del indicador oficial del diésel entre transportistas cuyos contratos no incluyen fórmulas de reajuste.
La medida busca entregar una referencia para negociar modificaciones de tarifas cuando aumenten los costos de operación.
Sin embargo, el documento precisa que no se establecerá un recargo obligatorio por ley.
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