Marisol Turres, diputada de la Unión Demócrata independiente (UDI) solicitó el 19 de julio a la Contraloría General de la República que hiciera un informe acerca de las polémicas pensiones de Gendarmería. En esta petición se pedía que la institucion gubernamental confirmara la destinación de tres dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
El informe, que pidió a través de la Cámara de Diputados, tuvo respuesta el 11 de agosto y de acuerdo al texto entregado, tres gendarmes pertenecientes a la Anfup, estarían recibiendo bonos de zona extrema a pesar de encontrarse localizados en la Región Metropolitana.
Los dirigentes son Juan Carlos Orellana, presidente de la Anfup, Patricio Baquedano, tesorero y Oscar Benavides, un dirigente sindical, según consignó La Tercera.
En el informe se reveló que Orellana, quien figura como jefe del complejo penitenciario Alto Hospicio, no registra ninguna asistencia al sitio ni alguna autorización formal para ausentarse a sus funciones.
Por su parte, Baquedano aparece recibiendo un bono de zona por cumplir funciones en el Complejo Penitenciario de Arica, a pesar de que la página de trasparencia de Gendarmería señala que el funcionario trabaja en Santiago.
En el caso de Benavides, la Contraloría indicó que el dirigente fue destinado en septiembre del año 2015 a Aysén, específicamente al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Coyhaique. Pese a ello, el gendarme ha utilizado permisos sindicales durante nueve meses, lleva once asignado, y de acuerdo a un informe realizado por el jefe del CET solo ha estado presente un total de seis días.
Es necesario indicar que las asignaciones por zona extrema aumentan los sueldos de los funcionarios y además, en caso de jubilación, son incluidas en el cálculo de la última remuneración. En este caso en particular, al ejercer como dirigentes sindicales, tienen un beneficio de 22 horas semanales para dedicarlas a esa labor, las que deben ser informadas.
Turres se refirió al hecho e indicó que “claramente, las destinaciones a zonas extremas obedecerían más a una forma de aumentar remuneraciones que a una necesidad del servicio".
En cuanto a los funcionarios, Orellana sostuvo que realiza sus horarios de fuero, que son 22 horas a la semana como dirigente nacional, y 11 horas a la semana como dirigente provincial, las que son compatibles para el desarrollo de la función gremial.
El presidente de la Anfup dijo que “siempre le he dado aviso a mi jefatura”.
De acuerdo a Contraloría, la institución tiene 15 días para aclarar las medidas correctivas que va a tomar para solucionar la situación.