Una investigación sacó a la luz que dos funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) se enriquecieron vendiendo certificados escolares falsos a extranjeros: Ganaron más de 360 millones de pesos en tres años.
De acuerdo con un reportaje de Radio Biobío los funcionarios públicos Rodrigo Morales Pereira y Constanza Garín se encuentran en prisión preventiva por los delitos de falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos.
Morales, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc, aprovechó su cargo para iniciar la entidad ilícita junto a su pareja (Garín), mediante la cual utilizaron los servidores públicos entre 2019 y 2022 para emitir más de 5.500 certificados de educación falsos a extranjeros.
Recordemos que, según Conaset, para que un extranjero con residencia en Chile pueda obtener licencias de conducir necesitan una cédula de identidad chilena o de extranjería vigente, el certificado de residencia, y un certificado de estudios que acredite, de acuerdo a la Ley Chilena, haber completado el equivalente a octavo básico.
Los certificados falsos del Mineduc
El modus operandi empleado por la pareja consistía en digitar información fraudulenta en los canales informáticos ministeriales, asignando años falsos a las actas remitidas por los colegios y llenando calificaciones de promedio general con cualquier número.
Para llegar a los “clientes” tenían tres captadores en terreno externos al Mineduc: Joshua Zuñiga, representante legal de la Escuela de Conductores Azul Limitada, ubicada en la región Metropolitana, y los venezolanos Niober Martínez y Roger Duarte.
Se estima que de los 5.500 certificados falsos, al menos 1.069 fueron utilizados para emitir licencias de conducir en la región de O’Higgins, dentro de ellas algunas de permisos especiales y profesionales.
En los tres años que realizaron los delitos obtuvieron un total de 360 millones de pesos, los que fueron blanqueados mediante la compra de una casa de $110 millones el 24 de mayo de 2021. Además, Morales se compró un Peugeot modelo 2008.
Durante la investigación, la Fiscalía de O’Higgins incautó vehículos, especies y propiedades. Tanto Rodrigo Morales Pereira y Constanza Garín, como los captadores externos venezolanos, quedaron en prisión preventiva durante la investigación del caso.
