“Dentro del contexto de crecimiento y desarrollo de la empresa, se llevó a cabo un proceso de reorganización interna en la estructura de EFE y su institucionalidad, con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión”. Con esas palabras, Germán Correa, presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), firmaba la memoria de la empresa en 2017.
Sin embargo, ese mismo año, la eficiencia y eficacia interna de la institución pública sería cuestionada. Tras una denuncia a la Contraloría General de la República, la entidad fue alertada para efectuar una auditoría al control de desembolsos de servicios por conceptos de asesorías, consultorías y estudios —que realizó la empresa EFE y sus filiales—, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.
El informe, al que tuvo acceso “Reportajes T13”, terminó de elaborarse en marzo de este año y buscaba verificar que dichos gastos cumplan la normativa interna de EFE, junto con comprobar que todas las operaciones se encuentren debidamente respaldadas y registradas en la contabilidad. Ese filtro arrojó sorpresas para la estatal. Entre los resultados de la investigación se encontraron cuatro trabajadores que presentaron eventuales conflictos de interés, por un monto total de $405.796.676, los que habrían recibido pagos a empresas propias o de familiares.
Un tren familiar
En noviembre de 2015, Claudia Barría —ingeniera civil de la Universidad de Santiago, con dos diplomados en la Universidad Católica y un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez— asumió como Jefa de Ingeniería de EFE, área que pertenecía a la Gerencia de Proyecto Santiago-Batuco.
Mientras Claudia Barría ejercía su cargo, la Gerencia de Ejecución de EFE inició el Proyecto Rancagua Express y contrató a la empresa Constructora BEC Ltda., la que pertenece a Carlos Rouret. Anteriormente, BEC Ltda. había licitado obras con varios ministerios, trabajos en el Estadio Nacional, Banco Central, Carabineros de Chile, Palacio de La Moneda, entre otros.
La Contraloría, al momento de revisar la documentación del contrato firmado en febrero de 2018, comprobó que Christian Rouret —representante legal de la Constructora BEC Ltda. e hijo de Carlos Rouret— declaró no tener ningún parentesco con algún trabajador de EFE. Entre agosto de 2018 y enero de 2019, la constructora recibió $392.712.675 en seis pagos.
Pero sí existía un parentesco. Claudia Barría es la ex nuera de Carlos Rouret. Y su hijo Christian Rouret es su ex cónyuge, con quien tiene una hija de 24 años.
Si bien los proyectos Santiago-Batuco y Rancagua Express pertenecen a diferentes áreas, ambas son dependientes de la Gerencia de Grandes Proyectos. Frente a esto, EFE detalló, en el informe de Contraloría, que Claudia Barría “no participó ni intervino en el proceso de toma de decisiones, por lo que no existen antecedentes para estimar que pudiese haberse visto involucrada en algún conflicto de interés”.
Sin embargo, la Contraloría agrega en sus observaciones finales que “no se pudo comprobar el parentesco que la vincula con la citada empresa privada (BEC Ltda.). No se aportaron antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, motivo por el cual se mantiene la objeción formulada”. En marzo de 2019, dos meses después del último pago que recibió la Constructora BEC Ltda., Claudia Barría dejó de prestar servicios a EFE. Actualmente es gerente de proyectos en una empresa privada.
Claudia Barría, tras ser contactada por “Reportajes T13”, explicó que su matrimonio con Christian Rouret duró hasta el 2000. “Estamos legalmente separados, por lo que no somos parientes. Actualmente, nuestra única relación es una hija que tenemos en común. Posterior a esa fecha (del divorcio), Christian comenzó su participación en la Constructora BEC Ltda., desconozco el detalle de su participación; si es dueño, asociado, etc.”.
En relación a la contratación de la Constructora BEC Ltda., mientras aún era funcionaria de EFE, Barría asegura que su ex esposo “me comentó que quería postular a un proceso de licitación relacionado con un área distinta a la que yo trabajaba. Independiente de ello, declaré la situación en EFE (sobre el posible conflicto de interés). Levanté la solicitud y me respondieron que no había problema, siempre y cuando no interviniera en el proceso de la propuesta. Y así fue”.
“Reportajes T13” solicitó una entrevista a Christian Rouret, pero prefirió no referirse al tema.
No entregan información
Fernando Urrutia del Valle es ingeniero civil industrial y su nombre también forma parte de la investigación por posible conflicto de interés. En octubre de 2016, Urrutia del Valle asumió como Jefe de Mantención de Activos y Servicios, sección que pertenece a la Gerencia de Administración y Finanzas y Control de Gestión de la empresa estatal.
Un mes después, EFE inició un proyecto —autorizado por la Gerencia de Negocios Inmobiliarios— que consistió en coordinar los procesos de expropiación que ejecutaría el SERVIU en la región del Biobío y la erradicación de campamentos en siete regiones más. La persona contratada para realizar esos trabajos fue Fernando Urrutia Munizaga, hijo del funcionario Fernando Urrutia del Valle.
Entre febrero de 2017 y marzo de 2018, Fernando Urrutia (hijo) recibió $11.239.501 en once pagos. Al momento de prestar servicios a honorarios, y en su calidad de representante legal, él sí declaró que mantenía un conflicto de interés. “Un vínculo familiar por parentesco derivado de su condición de hijo de Don Fernando Urrutia del Valle”, cita el informe de la Contraloría.
Luego, en el mismo documento, EFE argumentó que “si bien era posible visualizar la existencia del vínculo declarado, el Sr. Urrutia del Valle (padre) no tuvo participación directa en el proceso, puesto que su dependencia estaba en otra gerencia que no tenía relación con las funciones desempeñadas por el Sr. Urrutia Munizaga (hijo)”.
Frente a esto, la Contraloría determinó mantener “la situación observada, toda vez que la entidad no proporcionó los antecedentes que den cuenta de lo esgrimido en la respuesta (de EFE), en cuanto a que el Sr. Urrutia del Valle (padre) no tuvo participación directa del proceso”.
“Reportajes T13” se contactó con Fernando Urrutia del Valle y su hijo, para conocer su versión de los hechos, sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud de entrevista. En abril de 2018, un mes después de la última boleta entregada a su hijo, Urrutia del Valle dejó su cargo en EFE. Actualmente, según una publicación en su perfil de Linkedin, está “en búsqueda de nuevas oportunidades laborales”.
Aún en la empresa
Los últimos dos trabajadores de EFE que fueron investigados por posibles conflictos de interés, y que forman parte del informe que realizó la Contraloría, aún permanecen contratados por la empresa.
Uno de ellos es Daniel Pino, ingeniero industrial de la Universidad Mayor, quien asumió como Administrador de Contratos de TC en abril de 2017. Luego, en julio de ese mismo año, la Gerencia de TI, a través del Área de Abastecimiento, cotizó en tres empresas la compra de repisas metálicas para habilitar bodegas donde guardarían equipos informáticos.
De las tres cotizaciones, solo dos presentaron ofertas y se adjudicó la más económica por $1.666.000: Comercial Los Pinos Ltda. La empresa fundada en 2012, según el Registro de Comercio del Conversador de Bienes Raíces, está integrada por tres personas. Una de ellas es el propio funcionario de EFE Daniel Pino.
Frente a la situación, EFE argumentó que “el colaborador Daniel Pino, Administrador de Contratos TC, si bien participa en la propiedad de la empresa adjudicada, no intervino en el proceso de cotización y, menos aún, en la definición de la asignación del proveedor a contratar”.
La Contraloría concluyó que “la presente observación se mantiene, en tanto se trata de una empresa propia del trabajador y no constan en los antecedentes proporcionados que se haya dado cumplimiento a lo establecido en la Política y Procedimientos sobre Gestión de Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés del grupo EFE”. Hoy, Daniel Pino sigue trabajando en la empresa de ferrocarriles, ahora como Jefe de Proyectos TI de la Gerencia de Tecnología y Soluciones Digitales.
Un caso similar es el de Yuny Arias, la actual Gerente General de EFE Arica-La Paz. En 2014, la ingeniera comercial, de la Universidad Tarapacá, asumió el cargo de Gerente de Proyectos de EFE Arica-La Paz. En enero de 2018, la institución pagó $178.500 por una publicación a la empresa Revista Mi Norte SpA, la que pertenece a Macarena Arias, hermana de Yuny Arias.
En esa ocasión, según el argumento de EFE a la Contraloría, la trabajadora informó a la empresa sobre su posible conflicto de interés en octubre de 2017 —época previa a la contratación de la publicación—, a través de un correo electrónico al Gerente General de EFE Arica-La Paz de ese entonces, para no ser vinculada a ningún proceso, en caso de ser contratado el proveedor.
Sin embargo, la Contraloría comprobó que Yuny Arias firmó como apoderado bancario para el pago de la empresa proveedora de su hermana. EFE, en su respuesta, explicó que “Arica-La Paz es una filial con dotación mínima y que, en ese periodo, solo estaban habilitados dos apoderados, quienes debían actuar conjuntamente, a saber, el Gerente General y la Sra. Yuny Arias, en calidad de Gerente de Proyectos”.
Pero Contraloría mantuvo su observación en el conflicto de interés porque, a su juicio, “no se proporcionó antecedentes que permitan acreditar la obligatoriedad de la situación descrita ni otros para desvirtuar lo objetado”. En 2020, Yuny Arias dejó su cargo de Gerente de Proyectos y actualmente es la Gerente General de EFE Arica-La Paz.
Las observaciones finales del informe de la Contraloría fueron enviadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; al Presidente del Directorio, al Gerente General y a la Contraloría de EFE; a la Fiscalía Nacional; y a la presidenta del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo del Sistema de Empresas.
En él, se detalla que EFE tiene “debilidad en los procedimientos de detección y control de eventuales conflictos de intereses, con observación altamente compleja. EFE deberá fortalecer el control interno sobre la materia, implementando nuevos controles o, en su defecto, modificar y complementar los ya existentes, con la finalidad de detectar y mitigar oportunamente situaciones de conflictos de intereses que puedan configurarse”.
“Reportajes T13” se contactó con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para conocer su versión de los hechos y solicitar una entrevista con Daniel Pino y Yuny Arias. A través de un comunicado respondieron que “EFE ha adoptado todas las medidas instruidas por el organismo, destinadas a centralizar los procesos de compra de las filiales (...) desde esa fecha hemos tomado medidas para detectar eventuales conflictos de interés y fortalecer el control interno para mitigar el riesgo de ocurrencia de situaciones asociadas a conflictos de interés”.
Y, en relación a posibles responsabilidades administrativas, explican que “este proceso ya fue instruido por el directorio y está en desarrollo a través de la Gerencia de Contraloría. Por lo tanto, no es posible pronunciarse en detalle mientras se encuentre en curso”.