El Ministerio Público expuso este martes los antecedentes de la formalización por el delito de violación contra el exseremi de Salud de Magallanes Fabián Barrientos quien fue detenido durante el fin de semana en Punta Arenas, ciudad donde habrían ocurrido los hechos denunciados.
Tras la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la fiscal Johanna Iribarra señaló que el denunciante viajó hasta esa ciudad "en calidad de escort", manteniendo una relación con el imputado.
Según explicó la persecutora, durante la estadía "hubo un consumo de alcohol y también consumo de otras sustancias", agregando que el denunciante se encontraba "privado de sentido cuando se produce esta agresión sexual".
La Fiscalía también expuso que ambos permanecieron varios días juntos en el domicilio de Barrientos y que el viernes se produjo una discusión entre ambos, episodio que antecedió a la denuncia.
Respecto de ese conflicto, la persecutora indicó que "el imputado señala que la riña se produce por un pago de dinero que estaba pendiente. Pero la víctima además agrega que él se encontraba enfermo, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no lo quería trasladar al doctor".
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el monto adeudado correspondería a $200 mil.
Exseremi acusó "prejuicios" en denuncia por violación
La defensa del exseremi rechazó la imputación formulada por la Fiscalía.
El abogado Juan Carlos Rebolledo sostuvo durante la audiencia que "lo claro es que aquí delito no hay. Ni siquiera hubo un acceso que pudiera mencionarse transgresor de alguna voluntad de alguien".
Tras la formalización, Barrientos también entregó su versión a T13 Central y se refirió a la mención realizada durante la audiencia respecto del consumo de sustancias.
"Efectivamente, yo tengo fármacos que están asociados a una patología de salud mental y evidentemente los fármacos estaban disponibles en mi habitación. Es delicado cuando se hace este tipo de cuestionamiento si es que uno no sabe cuáles son los reales hechos y cuando uno sabe la verdad", afirmó.
Además, sostuvo que existe un juicio anticipado en su contra. "Siento que hay un prejuicio, se ha mal hablado en términos de cuando uno ejerce un cargo público", señaló.
El tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al denunciante, además de fijar un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
También te podría interesar:
