Qué observar. El informe plantea que por tercer año consecutivo los ingresos ilegales superan las 40 mil personas, aún sin sumar noviembre y diciembre del presente año, pese al “alto costo de tener militares en fronteras por primera vez”. También indica lo siguiente:
- Las expulsiones judiciales de este año sumaron 594, muy por debajo de las 1.035 del 2022.
- Las expulsiones administrativas, de resorte del gobierno, son poco efectivas. El texto indica que teniendo este año 3 veces más presupuesto que en otras ocasiones para expulsar y más de 40 mil partes de la PDI por ingresos clandestinos, este año se concretó la deportación de menos de 330 personas. En el último vuelo chárter fueron expulsadas 16 personas, pese a que pudieron ser 120, lo que supone un uso poco eficaz de recursos del Estado.
- No existen estadísticas sobre la población extranjera en Chile desde 2021, la que fue publicada el año pasado.
- El registro biométrico, de acuerdo al documento, terminará regularizando a enero de 2024 la situación de 150 mil extranjeros que ingresaron clandestinamente a Chile.
- Sigue vigente la resolución de abril de 2022, que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos que ingresen por ese país.
El director del Observatorio de la Migración Responsable, Álvaro Bellolio, señala lo siguiente:
- “Es positivo el cambio de quienes consistentemente votaron en contra de las expulsiones, reconducciones y que el Estado pudiera poner visa, a que al menos logren algunas salidas por ingreso clandestino. En ese sentido, se agradece el cambio de ideas de quienes llevaron al TC a la ley de migraciones y también la visa para ciudadanos haitianos, los ex diputados Manuel Monsalve, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Maya Fernández, entre otros, pero aún queda la visión de que todo extranjero que quiera entrar, se le debe recibir, independiente si entró legal o ilegalmente. Esta mirada sigue generando mucha tensión, especialmente en el norte y en la zona poniente de la Metropolitana y los cerros de Valparaíso”.
- “Ahora bien, sorprende que, junto con el constante discurso de que necesitan cobrar más impuestos, sean tan desprolijos con los recursos para expulsar. Gastar 1.400 millones para 3 vuelos cuando uno no se realiza, expulsar con solo 16 extranjeros en el avión, y ponerse de meta la mitad de las expulsiones del año 2019 cuando piden más de $ 3.500 millones hace cuestionar que tengan una planificación y estrategia para materializar expulsiones, y que la disciplina fiscal no es una prioridad en el gobierno”.
Publicidad