Por intermedio de un correo electrónico, el fiscal nacional, Jorge Abbott, comunicó a sus fiscales y funcionarios una nueva política de comunicaciones.
En la práctica, el texto implica una limitación en las comunicaciones públicas de los subalternos de Abbott. La norma apunta a que los fiscales no puedan entregar "información sensible" a terceros sin autorización de su superior.
En otro punto, se plantea que "la filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción, sujeto a sanciones administrativas y a las responsabilidades civiles y penales que correspondan".
Sobre esto la presidenta de la asociación de fiscales, Trinidad Steinert, expresa su preocupación por lo que denominan una "ley mordaza".
"Si efectivamente hay elementos que pretenden restringir o inhibir efectivamente la facultad de un fiscal o un funcionario de dar su opinión, claramente estamos ante un oficio, reglamento, con aspectos de ley mordaza", señala.
La representante de los fiscales explica que "lo que llama más la atención es el carácter de corrupción que se le da a estas filtraciones, sin más ni más se le da a determinados actos el carácter de un delito entonces yo me pregunto, si a los fiscales a través de esta situación se les atribuye una responsabilidad penal que es gravísima, ¿qué pasa con los periodistas ¿son coautores? ¿son cómplices? ese es un cuestionamiento que nos hacemos".
En cualquier caso, Steinert aclara que espera tener una reunión con Abbott para precisar ciertos puntos, entre ellos aquel que podría referirse a las redes sociales.
El apartado plantea que "fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad. Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no".
Steinert advierte que el oficio contiene "innumerables contradicciones", ya que si bien habla del valor de las comunicaciones, luego señala restricciones. "Entendemos que la vida privada no puede ser abordada por la autoridad o a través de un oficio", explica.