Funcionarios públicos trabajan en distintas entidades de manera simultánea, recibiendo en promedio más de 10 millones de pesos por distintas funciones.
La Segunda reveló que un abogado, Rodrigo Flores, trabajó con once entidades públicas a la vez, percibiendo una remuneración bruta total de casi 23 millones de pesos.
En octubre de 2024, el abogado asesoró legalmente a las corporaciones municipales de Colina, Calera de Tango, Curaco de Velez, Caldera, Chimbarongo, La Ligua, Mejillones, Pitrufquén, Pucón, Santo Domingo y Villarrica.
Luego tuvo nueve contratos en simultáneo en septiembre, julio, mayo de 2023 y en agosto y julio de 2024 por entre 17 y 19 millones cada mes. Y ocho contratos en junio, diciembre, noviembre 2024 y marzo de 2023 por entre 15 y 16 millones.
Funcionarios trabajaron con entidades públicas en simultáneo
En concreto, nueve funcionarios públicos tuvieron cinco contratos en simultáneo. Más de 100 trabajaron con 4 entidades; más de 1.800 con tres y más de 62 mil con dos.
Algunos de ellos trabajaron en simultáneo para más de una entidad y otros trabajaron bajo las tres modalidades al mismo tiempo: a planta, contrata y honorarios.
Otro caso es el del médico Diego Ossandón, quien tuvo siete contratos en simultáneo durante diciembre de 2023 por $11.424.576, por trabajos de oftalmólogo en los hospitales San Borja Arriarán, San José, Luis Tisné, El Carmen, Clínico Metropolitano, de Talca y de Rancagua.
El abogado Flores y el médico Ossandón también figuran en listado de quienes trabajaron con seis entidades a la vez.
El abogado socio del estudio Lembeye, Guillermo de la Jara, dice que hay que analizar cada caso y explica que “los servicios públicos pueden contratar a profesionales o expertos a honorarios para encargos o cometidos específicos, como hacer un informe”.
“De no ser materialmente compatibles las funciones de cada contrato, efectivamente podrían existir situaciones contrarias al principio de probidad administrativa. Conforme con el Estatuto Administrativo, los empleos públicos son incompatibles entre sí. Sin embargo, existen excepciones, como los cargos a jornada parcial, funciones docentes”, señaló.
El médico Diego Ossandón, en tanto, explicó mediante un comunicado que sus contratos con distintas instituciones públicas corresponden “exclusivamente a mi labor como oftalmólogo en el Programa de Telemedicina para el Tamizaje y Tratamiento de la Retinopatía del Prematuro (ROP), una patología que constituye la primera causa de ceguera infantil prevenible”.
“Dado que existen pocos especialistas en esta área en el sistema público, he asumido la cobertura de múltiples unidades hospitalarias en distintas regiones del país. Todas las contrataciones fueron gestionadas de manera transparente junto a las autoridades médicas respectivas, y cuentan con respaldo administrativo, evaluaciones periódicas y resultados clínicos verificables”, aseguró.
“Lamento que se haya expuesto esta información, sin considerar el alcance sanitario de esta iniciativa, afectando injustamente el prestigio de un programa que ha contribuido a prevenir la ceguera en cientos de niños prematuros”, complementó.
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