La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno interpondrá dos recursos judiciales para revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Arica de ordenar al Ministerio Público el entregar la identificación de más de 50 testigos en una investigación vinculada al Tren de Aragua.

En el Congreso, la secretaria de Estado señaló que "tenemos una profunda preocupación por lo que sucedió hoy (miércoles) en el Juzgado de Garantía de Arica: la decisión de que se debe dar a conocer el nombre de 56 personas que han actuado como testigos reservados y como agentes encubiertos en investigaciones ligadas al Tren de Aragua".

Siguiendo esa línea, afirmó que se trata de "investigaciones muy complejas donde se están persiguiendo a grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales".

"El Ejecutivo está presentando hoy mismo (miércoles) un recurso para que se establezca la nulidad procesal de esta decisión y estamos preparando un recurso de protección que vaya en auxilio de las personas que están afectadas por esta decisión", complementó la ministra Carolina Tohá.

Fue durante este 13 de septiembre que el juez de garantía, Héctor Barraza, en el marco de una causa contra el clan "Los Gallegos", brazo operativo del Tren de Aragua en Arica, ordenó al Ministerio Público a entregar a las defensas de los imputados la identificación de más de 50 testigos con identidad reservada.

"Desde la Fiscalía estamos absolutamente sorprendidos por la resolución del tribunal, que ordenó entregar el nombre de los testigos reservados a las defensas", alegó el fiscal regional de Arica y Parinacota Mario Carrera.

"No solamente estamos sorprendidos, sino que a la vez consternados por esta resolución, que entendemos que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos", complementó.

"Demás está decir que el mismo día de hoy (miércoles) vamos a presentar los recursos correspondientes para intentar revertir esta resolución y evitar que se entreguen estos antecedentes tan relevantes en una investigación", agregó el fiscal Mario Carrera.

Siguiendo esa línea, remarcó que la determinación del magistrado "va en contra de la respuesta que debemos dar como sociedad y como Estado a nuestras víctimas y testigos" y que "afecta entregar esta información básicamente por el rol que tiene el Ministerio Público en relación a la protección de las víctimas y testigos en una investigación penal".

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