El gobierno se querellará por la presunta manipulación de las listas de espera GES en el hospital de Rancagua, luego que la fiscalía regional ordenara la incautación de las fichas clínicas de 16 personas que fallecieron y que no fueron incluidas en el sistema de prestaciones de 2015.

Al anunciar la medida, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez indicó que "independientemente de los procedimientos y de los procesos administrativos que está llevando adelante el Ministerio de Salud a raíz de los hechos que están siendo investigados en el Hospital Regional de Rancagua, el Gobierno de Chile ha tomado la decisión de querellarse en contra de quienes resulten responables de estos hechos", agregando que "actuaremos con todo el rigor de la ley porque es lo que corresponde".

La ministra indicó además que se está realizando una investigación administrativa para determinar lo ocurrido.

"Este es un tema que está siendo objeto de investigaciones adminsitrativas por parte del servicio de salud respectivo y también de penales por parte del Ministerio Público, en las cuales los organismos públicos están colaborando como corresponde con la justicia, por lo tanto lo que esperamos para tranquilidad de toda la ciudadanía es que estos hechos sean esclarecidos y que se establezcan las responsabilidades y las sanciones que correspondan de acuerdo a nuestra normativa legal vigente", puntualizó Narváez.

Listas de espera: Fiscalía de Rancagua incauta fichas de pacientes fallecidos

La diligencia realizada en el Hospital regional de O´Higgins pretende determinar la causalidad entre la falta de atención de los enfermos y su muerte. Además se indaga si hubo pagos de bonos por el cumplimiento de metas por presentar listas de esperas con menos pacientes.

Parlamentarios valoran querella

La diputada Karla Rubilar, que durante la mañana criticó el actuar del gobierno en el caso, valoró la querella, pero apuntó a que es tardía.

"Me parece bien que el gobierno se querelle, pero una vez más muy tarde, y lo hace porque no les quedó otra porque el diputado Macaya y el senador García Huidobro habían denunciado en fiscalía hace meses y por eso la fiscalía incautó fichas clínicas. No les quedó otra porque ya estaba en todos los medios de comunicación, y lo que es más grave; este informe de auditoría es de enero de 2017, es decir que se han demorado más de un año en tomar acciones legales, no habían accionado de ninguna manera ante la justicia ante esta situación tan grave, el gobierno reacciona solamente porque no le quedó otra", aseguró a T13.cl la diputada.

Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Castro afirmó a este medio que "es una decisión positiva, porque deja en claro que hay una voluntad de no dejar pasar ningún hecho que coloque la vida de las personas en riesgo, o que se sospeche que hubo intervención de terceras personas".

"La salud atraviesa cualquier gobierno de cualquier signo y no debe trepidarse en llegar hasta el final", sentenció.

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