En prisión preventiva quedó el abogado y exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, luego de ser formalizado por tráfico ilícito de drogas tras ser detenido intentando ingresar sustancias ilícitas al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.
El hecho ocurrió la tarde del domingo y generó impacto en la zona, debido a que el imputado ejerció anteriormente como fiscal regional y actualmente se desempeñaba como abogado particular.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía de Alto Hospicio durante la audiencia de formalización, el exfiscal fue sorprendido cuando ingresaba al recinto penal para visitar a cinco internos.
Esto fue lo que exfiscal regional intentó ingresar a cárcel de Alto Hospicio
El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, explicó que cerca de las 14:50 horas funcionarios de Gendarmería realizaron una revisión al imputado antes de su ingreso al penal, detectando que llevaba un paquete de gran tamaño oculto en su chaqueta.
Tras revisar el envoltorio, el personal encontró 48 bolsas con 156,32 gramos de cocaína base y otros 10 envoltorios con 43,96 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, mantenía 103 mil pesos en efectivo.
Junto con ello, entre sus pertenencias también se halló una botella de licor y otro envoltorio con 2,58 gramos de cocaína. En total, la droga incautada alcanzó un peso de 202,86 gramos.
Por estos hechos, la Fiscalía formalizó al abogado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.
Desde el Ministerio Público argumentaron que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, especialmente considerando que la droga sería ingresada a un recinto penitenciario.
En tanto, la defensa se opuso a la medida cautelar solicitada y planteó que el imputado mantiene un delicado estado de salud física y mental. Sin embargo, el Juzgado de Garantía acogió la petición de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
El tribunal fijó un plazo inicial de 120 días para la investigación del caso.
