La Contraloría General de la República (CGR) anunció una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica por el eventual mal uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde de la comuna.
El funcionario habría utilizado el automóvil municipal para fines particulares, el pasado 14 de mayo, luego de participar en una actividad oficial.
Los antecedentes fueron analizados por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota y, de acuerdo con el informe, el conductor se habría trasladado en el vehículo municipal, destinado exclusivamente al transporte del alcalde, a una actividad de carácter personal, donde presuntamente consumió alcohol.
Posteriormente, aparece consignado como protagonista de una colisión con otro automóvil, siendo retenido por testigos del hecho. De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo de control, el alcotest practicado al conductor registraría 1,44 g/l de alcohol en la sangre.
Asimismo, Contraloría constató que, una vez finalizado el procedimiento policial, el vehículo habría sido trasladado por personal de Carabineros a dependencias de la Tercera Comisaría de Arica, actuación que, según el informe, no se ajustaría a los procedimientos institucionales vigentes.
Por esta razón, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 también instruyó una investigación administrativa, cuyos resultados deberán ser informados a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
La entidad fiscalizadora también identificó eventuales deficiencias en el resguardo y control del vehículo tras el accidente. Específicamente, expuso, la Municipalidad de Arica no habría acreditado documentalmente su retiro, traslado y custodia, ni quién recibió las llaves, quién retiró el automóvil desde dependencias policiales o bajo qué autorización pudo ser conducido posteriormente.
El municipio tampoco habría proporcionado antecedentes técnicos ni administrativos respecto de los daños que pudo haber sufrido el vehículo. De acuerdo con la investigación, las reparaciones fueron presuntamente financiadas por el funcionario involucrado, pese a que correspondía al municipio verificar los daños, autorizar formalmente los trabajos y mantener la documentación de respaldo, con el objeto de resguardar la trazabilidad de las actuaciones y el patrimonio municipal.
Destacar que, sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por los hechos investigados, Contraloría informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
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