La Junaeb solició a Contraloría General de la República que investigue los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, después de que Cristóbal Acevedo, director del servicio en el segundo gobierno de Bachelet, entregara este jueves una preocupante denuncia.
Según el relato de Acevedo, el año pasado la Junaeb adjudicó $3.500 millones de pesos por raciones de alimentos a una empresa. El pack incluía fruta, alimento y un snack, pero sólo se entregaron 30 raciones. Si se hace el cálculo matemático, el Estado terminó pagando unos $117 millones por cada ración.
A través de un comunicado, la Junaeb manifestó que los montos a los que hizo referencia Acevedo corresponden a "montos de contratos firmados previo a la llegada de este gobierno" y que "no es factible que se paguen $3.500 millones por 30 raciones"; argumentando que hay un precio máximo ofertado del gobierno anterior de $7.289 y que durante este período es de $1.093.
No hay ninguna empresa en Chile que entregue 30 raciones, ya que el mínimo de raciones por empresas es de 1.508.821 por año, señalaron.
"Cabe señalar que esta y toda la información de los contratos es pública, y las condiciones y precios de cada servicio se pueden encontrar en la página de Mercado Público www.mercadopublico.cl. Es importante recalcar que desde 2022 a la fecha, no existen contratos del Programa de Alimentación Escolar que no hayan sido conocidos y revisados por Contraloría en el control de legalidad que dicha entidad realiza a través del trámite de toma de razón", añadieron desde Junaeb.
Por otra parte, informaron que se solicitó a Contraloría General de la República una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, "con el objeto de despejar cualquier duda además de encontrar puntos de mejora para la gestión del Programa".
Finalmente, señalaron que "no es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos".
La versión de Acevedo se entregó en el marco de la comisión que estudia la Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la cual será votada la próxima semana.