La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general, un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares que busca sancionar con cárcel a quienes se “encapuchen” o cubran su rostro en reuniones públicas.
La norma busca tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.
La propuesta establece algunas excepciones para quienes cubran su rostro por motivos de salud, religiosos o “condiciones debidamente justificadas”.
“El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, dice el proyecto.
“No incurrirán en la pena señalada quienes utilicen los elementos descritos por razones de salud, culto religioso, o por condiciones debidamente justificadas”, agrega.
El proyecto también busca que sea una agravante el hecho de cubrir el rostro en el caso de la comisión de un delito.
“Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, detalla la norma.
Opiniones variadas al proyecto que sanciona a encapuchados
Con 7 votos a favor y 4 en contra fue aprobado el proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Durante la discusión, sin embargo, algunas instituciones manifestaron sus reparos a la idea. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, precisó que, si bien se valora el interés por controlar el actuar de los encapuchados, el texto no entrega certeza jurídica. Además, consideró que resulta muy amplia la definición de “lugar público”.
En tanto, la defensora nacional, Verónica Encina, estimó que la iniciativa no establece con claridad cuál es el bien jurídico protegido. Sostuvo que el proyecto representa un problema de aplicación sistemática del derecho, junto a una vulneración de derechos fundamentales, según recoge el sitio web de la cámara.
Una impresión similar expresó el jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Cabezas. Sostuvo que la norma pone varios derechos en juego, al tiempo que afecta el principio de proporcionalidad y la tipificación de conductas.
