Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto de 'Ley Toretto 2.0' y de esta forma, pasó a su segundo trámite al Senado.

La iniciativa modifica la Ley 18.290 de Tránsito para ampliar los casos en los que se pueda suspender provisoriamente la licencia de conducir. 

Fue el diputado Ignacio Achurra (FA) quien propuso la iniciativa luego de que en junio de este año, un conductor fuera sorprendido manejando a 264 km/h por la autopista Costanera Norte, donde la velocidad máxima permitida era de 100 km/h.

En aquella instancia, pese a la gravedad de los hechos y la existencia de antecedentes previos del imputado, el tribunal no decretó la suspensión de su licencia de conducir, ya que la normativa actual establece que esta medida cautelar contempla conductas como la conducción en estado de ebriedad.

En qué consiste la Ley Toretto 2.0

Desde la Cámara de Diputados señalan que actualmente, la medida cautelar de suspensión de la licencia sólo se aplica en algunos casos. Sin embargo, la iniciativa plantea extender su aplicación a todos los delitos viales, que tengan asignada la pena principal o accesoria de suspensión, cancelación o inhabilitación del documento.

El proyecto plantea que el tribunal deberá decretar la suspensión provisoria de licencia desde la audiencia de control de detención, a solicitud del fiscal, del querellante o de la víctima.

De todas formas, el juez podrá rechazar esta medida mediante una resolución fundada, en caso de estimar que no resulta necesaria o proporcional, según las circunstancias del caso.

La moción parlamentaria dejó en evidencia un vacío legal que permitía que una persona investigada por conducción temeraria mantuviera vigente su licencia durante el desarrollo del proceso penal.

En ese contexto, la propuesta busca permitir que la suspensión provisoria de licencia pueda aplicarse desde el inicio de la investigación en todos los delitos viales que contemplen esta consecuencia como parte de la eventual condena.

Los parlamentarios respaldaron ampliamente la iniciativa y señalaron que esta medida constituye una herramienta adecuada para evitar que personas investigadas por conductas de alto riesgo continúen conduciendo mientras se desarrollan los procesos judiciales.

Adicionalmente, argumentaron que la propuesta busca proteger a terceros durante la investigación, pero aquello no constituye una condena anticipada.

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