Cinco personas fueron detenidas luego de ser vinculadas a una venta de lanzacohetes del Ejército de Chile a través de redes sociales, en la Región Metropolitana.

El arresto de los sujetos se registró este jueves, a raíz de una investigación en la que participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Occidente.

En ese sentido, se logró detener a cinco personas, entre las cuales hay una mujer, por tener en su poder armas bélicas, las cuales ofrecían a través de Facebook

Cómo cayó la banda que vendía lanzacohetes en Facebook

"En virtud a un agente encubierto virtual, logramos realizar una posible transacción de este elemento que era ofrecido, por lo cual los funcionarios al momento de percatarse, en el punto de encuentro que mantenía este elemento prohibido por la Ley de Armas, también sus piezas, lograron la detención de una persona, la cual renunció a su derecho a guardar silencio y señaló que había más de estos elementos y que la mantenían otros sujetos", contó el subprefecto Juan Pardo, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) de la PDI.

Por lo anterior, se pudo proceder con la detención de los sujetos.

Según señalaron los detenidos, habían sustraído el armamento desde dependencias del Ejército de Chile en una sede del norte de la Región Metropolitana, sin conocimiento de las autoridades militares, y que se estaban comercializando en $2 millones cada uno.

El subprefecto Juan Pardo subrayó que "al estar en redes sociales, esto está al alcance de cualquier persona que quiera comprar estos elementos. Por tal motivo, la legislación es clara y precisa en prohibir estos elementos".

"Seguimos las diligencias para establecer la procedencia real además de las armas de fuego que se encontraron en su poder, cuyos dueños se encuentran fallecidos", precisó y, al mismo tiempo, no descartó que pueda haber más personas involucradas en el caso. "Hay un montón de diligencias más que se tienen que realizar a fin de establecer algún otro participante".

Cabe mencionar que desde el Ejército de Chile dijeron estar colaborando con los organismos para poder desarrollar las investigaciones y, al mismo tiempo, se notificó la apertura de una investigación sumaria administrativa para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Los sujetos fueron pasados a control de detención ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que fueron formalizados y se dictaron medidas cautelares.

Tres de los imputados, entre quienes hay dos funcionarios activos del Ejército y un civil, quedaron en prisión preventiva, acusados de tráfico de armas, incluyendo armamento de guerra. Otros dos fueron dejados en arresto domiciliario nocturno.

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