Uno de los anuncios que realizó el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública en junio pasado fue la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades.
El objetivo de esta medida es que las personas que hayan cometido este tipo de delitos respondan a través de la pérdida de distintos tipos de beneficios sociales, lo que generó gran debate.
La medida busca sancionar a las personas que cometan actos como atentar contra carabineros y personal de salud, retener el transporte público, entre otros.
Según se detalló en su momento en el sitio web del Gobierno, la iniciativa busca mantener un registro de personas que incumplan una serie de delitos y que puedan responder a sus hechos con el retiro de diferentes beneficios sociales.
Estos corresponden a la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo.
Los delitos para este registro corresponden:
- Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud.
- Retención del transporte público.
- Tráfico de estupefacientes.
- Daño a monumentos nacionales.
Asimismo, el proyecto de ley propone calificar de incivilidades algunas conductas como:
- Venta ilegal de alcohol.
- Consumo de drogas en la vía pública.
- Rayados sin autorización a la propiedad pública y privada.
- Destrucción de equipamiento comunitario.
Las indicaciones del Ejecutivo
El proyecto de ley fue presentado por el Presidente Kast el pasado 15 de junio y a tres meses de esto el gobierno se abrió a realizarle modificaciones.
El Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto, modificando sustancialmente el esquema de sanciones contemplado en la propuesta original. En concreto, las modificaciones —ingresadas mediante las indicaciones N° 144-374 del 20 de agosto de 2026 y detalladas en el Informe Financiero Complementario de la Dipres— eliminan las restricciones para acceder a subsidios habitacionales y la pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Asimismo, las nuevas disposiciones acotan la aplicación de la pérdida de la gratuidad universitaria y, al mismo tiempo, entregan un mayor margen de discrecionalidad a los jueces.
"En el caso de la gratuidad hay un análisis distinto, porque nosotros creemos que para delitos más graves, que no es el caso del proyecto Escuela Protegida, sí nos parece que es un disuasivo correcto y que el Ejecutivo está por mantener a la espera de la votación de los señores parlamentarios", señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a El Mercurio.
Este mismo medio además indicó que otro de los cambios es que la nómina se dividirá en dos independientes. Por una parte, está el Registro Nacional de Actos Vandálicos, enfocado en quienes cometan delitos, y por otra, el Registro Nacional de Incivilidades, para aquellas infracciones de menor gravedad.
"Las indicaciones presentadas por el Gobierno dicen relación con aquellos elementos planteados en la discusión en general por distintos actores, y también por lo que han ido solicitando los parlamentarios del oficialismo que han mostrado disposición de avanzar, pero tomando ciertos resguardos, fundamentalmente, el contexto de la proporcionalidad", indicó Pavez.
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