El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que en Chile hay cerca de 330 mil ciudadanos extranjeros en situación irregular, basándose en estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y advirtió que una parte relevante de ellos no está identificada por las autoridades.
En conversación con T13 Finde, la autoridad detalló que, dentro de ese universo, alrededor de 220 mil personas se encuentran empadronadas.
Lo anterior quiere decir que cuentan con algún tipo de información en los registros del Estado, mientras que otras 100 mil “no se sabe absolutamente nada de ellos”, lo que -según lo explicó- representa uno de los principales desafíos para la gestión migratoria.
Sauerbaum indicó que el escenario actual obliga a avanzar en un proceso de “regularización y normalización del sistema migratorio”, considerando que existe un número significativo de personas fuera de control institucional.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es ordenar los flujos de ingreso y permanencia en el país, junto con reforzar medidas que permitan reducir la irregularidad.
En paralelo, la autoridad afirmó que los ingresos clandestinos han mostrado una disminución, al tiempo que han aumentado las salidas voluntarias de migrantes, lo que contribuiría a estabilizar la situación en el corto plazo, según planteó.
Otras alertas: trata de personas y fraudes
Durante la entrevista, el director de Migraciones también advirtió sobre otras irregularidades detectadas en el sistema, entre ellas posibles casos de trata de personas vinculados a la llegada de migrantes desde Haití.
Se trata de una situación que actualmente se encuentra bajo investigación y cuyos resultados se esperan en los próximos días.
A ello se suman denuncias por estafas a extranjeros, donde se ofrecen falsos servicios de regularización migratoria a través de redes sociales o intermediarios, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar acciones para perseguir este tipo de prácticas.
En este contexto, Sauerbaum reiteró que el foco del servicio está en fortalecer el control, avanzar en procesos de regularización y enfrentar las distintas irregularidades detectadas, en un escenario donde una parte significativa de la población migrante aún se encuentra fuera de los registros oficiales.
