La Contraloría General de la República declaró ilegal el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Ñuñoa.
Según el organismo fiscalizador, la designación "no se ajustó a derecho", debido a que el funcionario asumió el cargo estando afecto a una inhabilidad judicial vigente para ejercer funciones públicas.
Nombramiento de Tomás Fuentes fue considerado ilegal
De acuerdo con el dictamen revelado por The Clinic, Fuentes había sido condenado previamente, lo que implicaba una sanción de suspensión para ejercer cargos públicos, la cual no habría sido informada oportunamente al momento de su designación.
Por esta razón, Contraloría concluyó que el nombramiento no cumplía con los requisitos legales establecidos, calificándolo como una designación “no ajustada a derecho”.
Además, el organismo advirtió que la omisión de estos antecedentes podría constituir una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
Municipalidad de Ñuñoa defiende la designación
Desde la Municipalidad de Ñuñoa, sin embargo, defendieron la situación y anunciaron que solicitarán una reconsideración del dictamen.
Según indicaron, la Contraloría no habría considerado que la sanción a Tomás Fuentes ya se encuentra en proceso de cumplimiento, por lo que Fuentes aún no ha asumido efectivamente el cargo de Dideco.
En esa línea, sostienen que la inhabilidad se extinguiría una vez cumplida la suspensión, lo que permitiría que pueda ejercer funciones posteriormente.
Condena por conducir en estado de ebriedad
El pasado mes de marzo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, defendió la gestión de su colaborador y aseguró que la condena corresponde a hechos ocurridos antes de que asumiera el cargo municipal.
Por esto es que la controversia se remonta a la condena que pesa sobre Fuentes por conducción en estado de ebriedad, la que derivó en una sanción de suspensión para ejercer cargos públicos.
Pese a ese antecedente, el funcionario fue recontratado por el municipio tras dejar su cargo anterior, lo que motivó cuestionamientos de concejales y derivó en la intervención de Contraloría.