Una nueva condena por homicidio sumó el ex militar Miguel Krassnof, y otros dos ex agentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, acumulando así más de 80 sentencias y cerca de 900 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, luego de que la Segunda Sala de la Corte Suprema le dictara una nueva pena de 10 años y un día de presidio por homicidio.
Junto a Krasnoff, el máximo tribunal señaló a Fernando Lauriani Maturana y Luisa Durandin Villaseca, como autores de homicidio calificado perpetrado en 1975 contra el profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Guillermo Herrera Manríquez, entonces de 28 años.
Según estableció la investigación judicial, Herrera fue detenido en la comuna de Estación Central para luego ser conducido al centro de torturas y detención clandestina conocido como Villa Grimaldi, ubicado en la zona oriente de Santiago, donde sufrió tormentos infringidos por Krassnof y otros exagentes.
Con este fallo, se confirmó lo resuelto en diciembre de 2019 por la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimando los recursos de casación presentados por la defensa de los otrora militares.
Durante los primeros años después del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, en una operación que contó con el apoyo y financiamiento de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, los cuerpos de seguridad secretos se volcaron a la persecución y represión de personas militantes de izquierda a lo largo de todo el país, siendo el primer foco de sus acciones la cúpula del MIR y diversas reparticiones orgánicas.
Como oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo clandestino de los primeros años de dictadura, Krassnof estuvo a cargo de parte de este despliegue, apresando a decenas de militantes y simpatizantes tanto del MIR como de otras organizaciones, muchas de estas personas siendo ejecutadas políticas y detenidas desaparecidas.
Una de las tantas operaciones que dirigió Krassnof terminó con la vida del líder del MIR, Miguel Enríquez, acribillado en octubre de 1974 tras verse rodeado en su casa y junto a su familia en la comuna de San Miguel por decenas de agentes. Durante el régimen de Pinochet, que se extendió durante 17 años, se registraron 3.200 asesinatos y al menos 1.192 personas detenidas desaparecidas.
Diversas organizaciones de derechos humanos llevan años solicitando que se acelere la investigación de delitos cometidos durante la dictadura militar y continúan exigiendo la nulidad de la Ley de Amnistía que sirvió para eximir de culpa a cientos de militares -algo que se debate en el Parlamento desde hace años.