Las autoridades chilenas deben tomar "medidas urgentes" para garantizar la justicia y la reparación adecuada a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones masivas de 2019 y 2020 en Chile, señalaron dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.
"Es fundamental avanzar con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables de los delitos cometidos durante las protestas", aseguraron los relatores de la ONU para la libertad de reunión (Clément Nyaletsossi) y sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz).
Los expertos ya enviaron en 2019 una comunicación a las autoridades chilenas expresando su preocupación por las graves alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad, incluido el uso de perdigones, actos de tortura, violencia sexual y detenciones masivas.
"En el contexto de las protestas de 2019-2020, cientos de manifestantes resultaron heridos y cerca de 400 sufrieron lesiones oculares y pérdida de la vista como resultado del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para dispersar las manifestaciones", recordaron.
Al menos 31 personas murieron durante las protestas y las víctimas presentaron más de 10.000 denuncias, pero pocas han resultado en condenas y ninguno de los altos mandos ha sido procesado, lamentaron los expertos de la ONU.
"La magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, así como la repetición de estas violaciones, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando", subrayaron los expertos.