El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno contra el actual alcalde de esa comuna, Luis Roberto Reyes Álvarez, e integrantes de su círculo personal y empresarial.
Según consta en el escrito judicial, se le atribuye al jefe comunal la presunta autoría de los delitos de lavado de activos y cohecho agravado reiterado, tras presuntamente aceptar pagos o beneficios económicos.
Según el CDE, el alcalde habría incumplido reiteradamente su deber de abstención, que obliga a las autoridades a apartarse de decisiones en las que tengan intereses personales o vínculos económicos que puedan comprometer su imparcialidad.
Las 196 transferencias investigadas y los $26 millones que el CDE atribuye a cohecho
Entre los antecedentes que dieron origen al caso figura una querella presentada por un grupo de concejales en diciembre de 2022 y una denuncia del entonces administrador municipal, Helmuth Palma.
Dentro de esos precedentes, una de las hebras que tiró la Fiscalía fue la licitación de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero, adjudicada por más de $768 millones a la constructora de Héctor Meza.
Al revisar los movimientos bancarios relacionados con ese contrato, el Ministerio Público detectó transferencias hacia la cuenta personal del alcalde.
Sumado a esto, la querella describe que la Fiscalía de Valdivia investigó 196 transferencias recibidas por el alcalde entre 2017 y 2024, que suman $134,8 millones. Sin embargo, el CDE acusa formalmente un cohecho por $26,2 millones, que habrían sido blanqueados mediante gastos y giros bancarios.
“Al momento de las distintas actuaciones funcionales de Luis Reyes en los procedimientos de contratación municipal individualizados, éste ya había recibido beneficios económicos provenientes del entorno empresarial favorecido”, sostiene el escrito judicial al respecto.
La investigación se concentra en 4 'rutas' concretas donde la entrega de dinero coincide en cuanto a fechas a distintos contratos u obras que fueron aprobadas por el municipio.
Los pagos que habrían llegado al alcalde a través de empresarios favorecidos y de su pareja
La querella revela los distintos caminos que habría seguido el dinero antes de llegar a la cuenta del edil. Para evitar sospechas, los involucrados habrían recurrido a cuatro mecanismos de pago.
- Constructora e Inmobiliaria Meza ($15.060.000): Entre 2017 y 2019, la trabajadora Elizabeth Rosas Beroiza realizó 20 transferencias a la cuenta personal del alcalde por orden directa del empresario Héctor Meza Hermosilla. Aunque el alcalde argumentó que el dinero correspondía a "asesorías privadas", el CDE descarta dicha versión al señalar que "no constan contratos, informes, correos, productos de asesoría, boletas de honorarios, facturas, registros tributarios ni otro elemento documental que acredite la existencia, contenido, periodicidad o valor de tales prestaciones".
- Triangulación mediante la pareja ($5.700.000): En 2022 se registraron cinco operaciones en las que el empresario Héctor Meza transfirió fondos a la cuenta de Gladys Mancilla Albornoz (pareja del alcalde), los que eran reenviados al jefe comunal el mismo día o al día siguiente. La querella califica a la pareja como una "cuenta de tránsito", utilizada para disimular el origen de los recursos y "quebrar la trazabilidad" entre el contratista municipal y la autoridad.
- Constructora San Ignacio ($5.500.000): Se acusa al empresario Juan Carlos Reyes Padilla de enviar dinero al alcalde mediante el intermediario Alejandro Rosas Cárcamo. El documento indica que los pagos se realizaron luego de que se solicitara dinero "para el Alcalde" en un contexto marcado por el "temor a que se generaran atrasos, obstáculos en inspecciones, documentación o pagos municipales".
- Productora de eventos ($3.000.000): Rodrigo Maluenda Ramírez, representante de Maluenda Producciones Ltda., transfirió $3 millones a la cuenta corriente personal del alcalde en enero de 2020, justo después de adjudicarse la producción de la "Semana Riobuenina 2020" por $85.000.000.
Las diligencias clave solicitadas a la Fiscalía
En el tramo final de la querella, el Consejo de Defensa del Estado solicita formalmente que el Ministerio Público ordene una serie de acciones de investigación dirigidas a organismos estatales:
- Revisar declaraciones de impuestos: Solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) el historial completo de declaraciones anuales de renta (F22), declaraciones de IVA (F29) y boletas de honorarios emitidas y recibidas entre 2016 y 2024 por el alcalde y los presuntos intermediarios.
- Verificar contratos y previsión: Pedir a la Dirección del Trabajo y a la Tesorería General de la República los registros laborales y previsionales para comprobar las facultades de administración que tenía la trabajadora que ejecutaba las transferencias bancarias.
- Cruzar datos de campañas electorales: Requerir al Servicio Electoral (SERVEL) los informes de los períodos de campaña oficial del alcalde para verificar si los supuestos "aportes de campaña" invocados por los imputados fueron declarados conforme a la ley.
Tras estas acusaciones, el próximo lunes, el alcalde Luis Reyes será formalizado junto a otras seis personas por los delitos de cohecho agravado y lavado de activos.
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