La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, con prohibición legal de efectuar apuestas, realizaron transacciones en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.971.
De acuerdo al organismo, los funcionarios pertenecen a 371 entidades del Estado y los hechos investigados se originaron entre enero de 2024 y junio de 2025.
Según los datos recogidos en el CIC N°20, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto total. En estos casos, las sumas apostadas no condicen con el nivel de sus remuneraciones.
Cabe destacar que la normativa vigente, específicamente la Ley N° 19.995, señala que los funcionarios que administran o custodian fondos públicos tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.
Más de 900 funcionarios públicos apostaron en casinos
El informe de la Contraloría revela que dentro de las instituciones involucradas se encuentran Carabineros de Chile, Fuerza Aérea, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado.
Desde la Contraloría, detallaron que los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
Dentro de los 20 funcionarios con mayores montos transados está un suboficial de la Fuerza Aérea cuyo monto total transado es de $1.040.426.820.
Por otra parte, se encuentra un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil ($622.401.710), un oficial administrativo de la Tesorería General de la República ($507.398.060), además de una jefatura de la Municipalidad de San Ramón ($362.069.560).
Con estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
Adicionalmente, se enviarán los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades para iniciar los procedimientos disciplinarios y determinar eventuales responsabilidades administrativas. La información también será remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
