Este viernes, el Presidente Gabriel Boric promulgó la denominada Ley Karin, nueva normativa que tiene como objetivo prevenir, investigar y sancionar casos de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo.
¿Por qué la nueva normativa se llama Ley Karin?
La iniciativa fue presentada por la diputada Erika Olivera y su nombre proviene de Karin Salgado, TENS que se suicidó en noviembre de 2019 tras ser víctima de acoso laboral al interior del Hospital Herminda Martín de Chillán, región de Ñuble.
Antes de su muerte, Salgado dejó una carta alertando que era víctima de acoso. Los hechos comenzaron cuando la TENS declaró en un sumario administrativo -en calidad de testigo- hecho que provocó distintas acciones por parte de su jefatura, como descuentos en sus remuneraciones y otro tipo de irregularidades.
Cuatro años después de estos hechos, el Presidente Boric, en conjunto con diversos ministros de Estado, parlamentarios y el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Newes, promulgaron la ley, la cual entrará en vigencia apenas se publique en el Diario Oficial.
"Tanto la Ley Karin como el Convenio 190 de la OIT vienen a cambiar la forma en que se aborda en nuestro país el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo", afirmó el jefe de Estado, explicando que ahora se avanza "hacia una que esté enfocada en la prevención, en la investigación efectiva y oportuna y en la sanción de estos hechos que sucedan ya sea en el sector público o en el privado".
¿Qué establece la Ley Karin?
Entre las medidas que establece la nueva normativa, está la obligación de las empresas y órganos del Estado a elaborar protocolos de prevención de acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo.
Asimismo, incluye normas relativas al resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de dichos casos; y se reforzó el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los respectivos procedimientos de investigación, esto con la finalidad de dar garantías a las y los denunciantes.
También, establece que las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato libre de violencia, ser compatibles con la dignidad de la persona y con perspectiva de género.