El uso de redes sociales por parte de autoridades y organismos del Estado ha llamado la atención tras el cambio de mando en el nuevo Gobierno de Kast. En ese contexto, la Contraloría General de la República emitió instrucciones sobre cómo deben utilizarse estos canales cuando se trata de cuentas institucionales.
Uno de los puntos más comentados tiene relación con si las autoridades o instituciones pueden bloquear usuarios en plataformas como X (ex Twitter), Facebook o Instagram.
No pueden bloquear usuarios
De acuerdo con el organismo fiscalizador, no corresponde que los organismos públicos bloqueen unilateralmente a usuarios desde sus cuentas institucionales por el hecho de emitir opiniones o críticas.
La Contraloría establece que estas cuentas funcionan como canales oficiales de comunicación con la ciudadanía, por lo que impedir el acceso a personas podría afectar el derecho a informarse sobre la actividad del Estado.
Por esa razón, cuando se detectan bloqueos, el ente fiscalizador ha señalado que las instituciones deben proceder a desbloquear a los usuarios afectados.
¿Qué pasa con los comentarios?
También aborda la moderación de comentarios: Según señalan, sí es posible restringir o moderar comentarios en publicaciones institucionales, siempre que se haga respetando los principios de igualdad y no discriminación.
Es decir, las instituciones pueden aplicar herramientas de moderación, por ejemplo, limitar comentarios ofensivos, pero no bloquear permanentemente a usuarios por sus opiniones.
Límites al uso político de las redes sociales
Las instrucciones de Contraloría también establecen que las redes sociales institucionales no pueden utilizarse con fines políticos o propagandísticos.
Entre otras cosas, se indica que:
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No deben emplearse para proselitismo o campañas políticas.
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No corresponde utilizar recursos institucionales para promover cuentas personales de autoridades.
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La información difundida debe estar vinculada directamente con las funciones del organismo público.
El objetivo de estas reglas es asegurar que los canales digitales del Estado se utilicen para informar a la ciudadanía, evitando su uso con fines personales o partidistas.
En ese contexto, la Contraloría ha reforzado que las redes sociales institucionales deben operar bajo los principios de transparencia, probidad y acceso a la información pública.
