La Contraloría General de la República (CGR) apercibió a 15 alcaldes de distintas zonas del país por no presentar las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), un documento exigido por ley para transparentar los bienes e intereses económicos de las autoridades públicas.
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de diez días hábiles para regularizar la situación.
En caso de incumplimiento, los jefes comunales arriesgan sanciones que van desde multas de entre 5 y 50 UTM e incluso la destitución del cargo si la situación no es corregida dentro de los plazos establecidos por la ley.
Los 15 alcaldes apercibidos por Contraloría
Según informó la Contraloría, las autoridades corresponden a las siguientes comunas:
- Orlando Vargas (Arica, Región de Arica y Parinacota)
- Adriana Rivera (Sierra Gorda, Región de Antofagasta)
- Carlos Correa (Empedrado, Región del Maule)
- Rabindranath Acuña (San Rosendo, Región del Biobío)
- Jaime Vásquez (Lota, Región del Biobío)
- Felix Vita (Alto Biobío, Región del Biobío)
- Alejandro Cuminao (Melipeuco, Región de La Araucanía)
- Víctor González (Los Sauces, Región de La Araucanía)
- Guillermo Martínez (Toltén, Región de La Araucanía)
- Roberto Pérez (San José de Maipo, Región Metropolitana)
- Juan Galdames (Rinconada, Región de Valparaíso)
- Fernando Rodríguez (Santo Domingo, Región de Valparaíso)
- Rolando Silva (Quintero, Región de Valparaíso)
- Emilio González (Los Muermos, Región de Los Lagos)
- Patricio Fernández (Cabo de Hornos, Región de Magallanes)
¿Qué es la Declaración de Intereses y Patrimonio?
La Declaración de Intereses y Patrimonio es una obligación establecida en la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
A través de este mecanismo, las autoridades públicas deben informar periódicamente sus bienes, sociedades, actividades económicas e intereses para así evitar que estas puedan generar conflictos con el ejercicio de sus funciones públicas.
La Contraloría explicó que los incumplimientos, en estos 15 mencionados casos, fueron detectados durante los procesos habituales de revisión y control que se realiza sobre las declaraciones de autoridades y funcionarios públicos.
Las sanciones que arriesgan alcaldes
La advertencia emitida por la CGR comenzó a regir el pasado 27 de mayo. Si las autoridades no actualizan su información dentro del plazo otorgado, se iniciarán en su contra procedimientos sancionatorios formales.
La legislación contempla multas de entre 5 y 50 UTM (entre $$357.530 y $3.575.300) y, si transcurridos cuatro meses desde la sanción inicial la autoridad continúa sin regularizar su declaración, la destitución de su cargo.
Quizás también te puede interesar
