El senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, ingresó un proyecto para modificar la Ley N°18.216 con el fin de ponerle fin a la denominada "puerta giratoria" y corregir las brechas normativas que permiten a autores de delitos de alta gravedad cumplir sus condenas en libertad.
La Ley N°18.216 fue concebida como un mecanismo de reinserción para faltas menores e infractores primerizos de baja lesividad, sin embargo, ha permitido el otorgamiento sistemático de libertad vigilada a delincuentes peligrosos.
El legislador argumenta que el sistema procesal penal es percibido por las familias chilenas como una "puerta giratoria" que "devuelve rápidamente a los delincuentes peligrosos a las calles".
En esta misma línea, se plantea que en la actualidad, un sujeto que comete un homicidio simple puede ser beneficiado con libertad vigilada intensiva si su defensa logra acreditar irreprochable conducta anterior y colaboración con la investigación.
En qué consiste el proyecto que busca poner fin a la "puerta giratoria"
Ante esto, la iniciativa busca limitar el beneficio de cumplimiento de las penas efectivas por medio de penas sustitutivas, incorporando el homicidio simple, la extorsión y los delitos de corrupción y violencia reiterada.
- Atentados contra la vida sin resquicios: En la actualidad, la prohibición absoluta de penas sustitutivas sólo rige para homicidios consumados, por lo que el proyecto amplía el encabezado legal para abarcar los grados de frustración y tentativa, además incluye al homicidio simple.
De esta forma, la iniciativa busca que quien intente matar a otra persona cumplirá presidio efectivo tras las rejas aunque la víctima sobreviva por intervención médica o auxilio oportuno.
- Cárcel inmediata para la extorsión y el "cobro de piso": Toda persona condenada por exigir dinero bajo coacción o amenazas violentas a comerciales y vecinos quedará privada de libertad desde su primera sentencia, eliminando la posibilidad de cumplir la condena bajo supervisión ambulatoria.
- Clausura de beneficios a la reincidencia violenta: El proyecto prohíbe conceder penas sustitutivas a quienes cometan crímenes o simples delitos contra las personas o la propiedad con violencia o intimidación si registran una condena previa por hechos de igual naturaleza.
Esta exclusión operará de forma categórica, sin que les sea aplicable el beneficio de prescripción.
- Fin a los privilegios en delitos de corrupción pública grave: Se excluye de las penas sustitutivas a las autoridades o funcionarios que cometan malversación, fraude al fisco o cohecho cuando el daño o provecho supere las 200 UTM ($13,5 millones), cerrando el paso a las reclusiones nocturnas o domiciliarias.
- Armonización en materia de violencia intrafamiliar: No permitirá otorgar libertad vigilada intensiva a agresores intrafamiliares que atentaban contra la vida de su grupo familiar.
