Una investigación por presunto secuestro y extorsión activó durante los últimos días a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI), tras la desaparición del exalcalde en la comuna de Macul, región Metropolitana, Gonzalo Montoya Riquelme.
Su paradero se mantuvo como desconocido desde el jueves, hasta que una serie de mensajes y llamados a su familia revelaron una situación crítica: Montoya aseguraba haber sido secuestrado por una banda de origen extranjero y pedía pagar $20 millones para salvar su vida.
Fue su hermana quien recibió la primera alerta directa, ya que del otro lado del teléfono habría estado el propio Montoya pidiendo ayuda por su vida, ya que dijo claramente que se encontraba en peligro.
“Me van a matar. Tienen fotos y videos míos con prostitutas colombianas”, señaló en esa comunicación.
Posteriormente, su familia incluso recibió un atemorizando video donde se le ve amarrado con cinta adhesiva, visiblemente golpeado, y pidiendo ayuda: “Andrea también, no sé si puede mi papá (...) entre todos juntar los $20 millones, por favor”.
Investigación y rescate de Gonzalo Montoya
Ante la denuncia presentada, el Ministerio Público activó al equipo ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios) junto a la Brigada Antisecuestros de la PDI.
Según fuentes del caso, se trató de un operativo desarrollado bajo estricto hermetismo, en el que se logró establecer contacto con los secuestradores, obtener pruebas de vida y negociar la liberación de Montoya.
La madrugada del domingo, tras la intervención de las autoridades y el presunto pago de varios millones de pesos, el exjefe comunal fue liberado en la comuna de Padre Hurtado. Según informó la Fiscalía, se encuentra con lesiones, pero fuera de riesgo.
La causa se mantiene en desarrollo y aún no hay confirmación oficial sobre la calificación jurídica del hecho.
A raíz de estos hechos se refirió además el ministro de Justicia, Luis Cordero, autoridad que señaló que “la calificación respecto del hecho forma parte de la investigación”, aunque descartó un móvil político.
Incluso el Presidente Gabriel Boric abordó el caso, afirmando que “esto es inaceptable, no hay nada que relativizar ni matizar”.
Por otra parte y según la información entregada por el Gobierno y Fiscalía, de momento no existen antecedentes que vinculen el secuestro con decisiones tomadas durante la gestión de Montoya como alcalde. En cambio, todo apunta a un hecho relacionado con su vida privada.
De momento la única información verificada respecto de los secuestradores de la exautoridad capitalina es que pertenecerían a una banda criminal protagonizada por ciudadanos extranjeros, aunque no necesariamente vinculada al Tren de Aragua o alguna de sus células.
Desde la Fiscalía se confirmó además que “tras la liberación de la víctima”, se siguen realizando diligencias con la PDI para esclarecer lo ocurrido.
Finalmente, es importante resaltar que la denuncia ocurrió en un contexto en que los delitos de secuestro han duplicado sus cifras en la última década en Chile, pasando de 361 casos en 2013 a 850 en 2023, según cifras de la Fiscalía Nacional.
