Este martes 21 de febrero entró en vigencia en nuestro país el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11. Con esto, se harán efectivas rebajas arancelarias a distintos productos importados y exportados por Chile con los distintos países firmados del acuerdo.
El acuerdo económico, que no tenía el respaldo del actual gobierno completo, fue aprobado por el Senado en octubre del 2022, pero fue promulgado por el Ejecutivo a fines de año, ya que esperaban firmar side letters con los países miembros del acuerdo, lo que solo se logró parcialmente.
En materia de acceso a mercados, el acuerdo busca abrir oportunidades de apertura a productos chilenos en sectores como el agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes, que ingresarán con arancel cero a mercados de países del acuerdo.
Este acuerdo considera materias como medioambiente, asuntos laborales y género, lo que sitúa estos temas de forma prioritaria para los 11 países.
El acuerdo implica facilidades de cooperación económica entre Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile.
Desde su anuncio, algunos sectores de la izquierda en nuestro país manifestaron su rechazo. En 2019 parlamentarios del Frente Amplio planteaban que con el tratado, empresas trasnacionales podrían demandar al Estado de Chile si se creaban política públicas laborales que dañaran su patrimonio e incluso se cuestionaba la "cesión de soberanía".
Sin embargo, esas críticas se han ido atenuando con los años, y el actual gobierno espera resolver algunas discrepancias que tiene con el proyecto, mediante esas "side letters".
Desde el gobierno dijeron que a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), "continuarám trabajando en conjunto con sus socios comerciales del TPP y en otros espacios internacionales para avanzar en la reforma y modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados".