La Asociación de Isapres anunció este viernes, mediante un comunicado, que congelarán su participación en la mesa de diálogo que convocó el Gobierno de Gabriel Boric para abordar la crisis que vive el sistema de salud privada en nuestro país, a raíz de los fallos de la justicia.
“A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud, constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las Isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia”, dijo la asociación.
“Restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las Isapres, afectando a la red de salud completa. Pero la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa”, añadió en el comunicado.
La Corte Suprema ha fallado en favor de los afiliados que se han opuesto al alza que intentaron implementar las Isapres a los planes de salud, lo que ha generado, según acusan las empresas a cargo, millonarias pérdidas.
“Vemos con preocupación que los plazos corren y que cada día nos aproximamos a una debacle, cuyos alcances han sido alertados por médicos, prestadores, parlamentarios, expertos y organizaciones de pacientes. Sin embargo, el diagnóstico, la gravedad y sus consecuencias parecen ser aún ajenas para las autoridades”, declaró la Asociación de Isapres.
“La delicada situación que atraviesa el sistema Isapres es consecuencia de un vacío legislativo y de una judicialización desmedida, amparada en la demora de una reforma integral al sistema de salud. Las Isapres cumplen con la norma vigente y las acuciosas fiscalizaciones (200 anuales, por institución), además de las instrucciones y solicitudes de información emanadas a través de circulares definidas por la autoridad regulatoria, en todos los aspectos de la operación”, agregó.
Desde el gobierno han evitado referirse al tema en detalle, argumentando que se trata de un fallo judicial, pero han dicho que trabajan en asegurar un eventual traspaso masivo de afiliados al sistema público con Fonasa.
