Los obispos de Chile se refirieron al contenido de la propuesta de nueva Constitución realizada por la Convención Constitucional, y que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre.
El pronunciamiento se realiza luego de un proceso reflexivo en el que estudiaron el documento final, tras lo cual emitieron un documento con sus principales conclusiones.
En el texto, los obispos realizan una valoración positiva de la ampliación de derechos sociales, y de otros aspectos como el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Sobre este punto, sostienen que "es esperanzador el compromiso de garantizar una amplia gama de derechos fundamentales, humanos y sociales, como la educación, el trabajo, la vivienda digna, la propiedad, la salud y el bienestar integral, la igualdad y no discriminación, la seguridad".
"Aunque sean enunciados a los que falta mucho camino por recorrer, buena parte de estos derechos manifiestan un compromiso por el bien común, especialmente con los que más sufren", destacan.
En relación a los pueblos indígenas, señalan que "desde la enseñanza social de la Iglesia, es un valor el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. Tantas veces sus aspiraciones, sus vidas y sus culturas, no han sido considerados por muchos chilenos; y, aunque ha crecido en las últimas décadas una nueva sensibilidad hacia ellos, arrastramos una injusticia histórica que los ha menoscabado".
No obstante lo anterior, los obispos también manifestaron una serie de reparos con la iniciativa, especialmente en los temas relacionados con el aborto, la ampliación del concepto de familia y la educación escolar.
En el documento, se afirma que la noma que abre la puerta al aborto "no solo excluye la participación del padre en esta decisión, sino también el ejercicio de la objeción de conciencia personal e institucional, derecho esencial en estas materias morales donde se juegan principios tan fundamentales, que afectan directamente las concepciones éticas, religiosas y morales de muchas personas".
En cuanto al derecho a la muerte digna. Además sostienen que "es un derecho ambiguo, porque pretende solucionar un problema acabando deliberadamente con una vida humana. Aquí está su carácter deshumanizante, porque fomenta la cultura del descarte y puede hacer todavía más frágil la vida de personas ya muy débiles por la enfermedad".
También acusan que la propuesta "desfigura la naturaleza de la familia" en el artículo que indica que "familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos".
En materia educacional, señalan que "nos parece muy bien fortalecer la educación pública, pero hay un silencio manifiesto en el proyecto de texto constitucional respecto de la educación particular subvencionada, que también tiene una función pública evidente".