Como un hecho “humillante” cataloga el diputado de la UDI, Cristián Labbé -miembro de la comisión de Derechos Humanos- la renuncia anticipada de Sergio Micco como director del Instituto de Derechos Humanos (INDH).
Por eso, dice el parlamentario, la bancada gremialista tomó la iniciativa de enviar un texto por escrito a la directora subrogante del INDH, Consuelo Contreras. “Creemos que los nuevos consejeros optaron por la tesis del revanchismo, que no se entiende, e imponiendo desde ya una ideología de extrema izquierda”, asegura Labbé al recordar que seis de los once consejeros de la entidad pidieron la renuncia de Micco, la que finalmente se concretó este martes 12 de julio, siendo que su periodo terminaba el 29 de este mes.
Así, en la misiva -de dos planas y a la que tuvo acceso T13.CL- se sostiene que el hecho constituye una “burda operación política orquestada desde el propio Ejecutivo, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa de gobierno como director del organismo, desconociendo, por lo demás, el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley”. En ese sentido, dicen, aquello se explicaría, entre otras razones, porque los consejeros que pidieron la renuncia de Micco son afines a La Moneda.
“No vamos a permitir que el poder Ejecutivo intervenga de manera tan abierta en una corporación autónoma como el INDH, secuestrándola durante los próximos cuatro años con la clara intención de convertirla en una entidad servicial a los intereses de las autoridades de gobierno, todo ello bajo la complacencia del actual Mandatario”, agregan luego en la carta que, además de Labbé, fue firmada por el diputado UDI Daniel Lilayu, también miembro de la comisión de DD.HH. de la Cámara.
“Brazo armado del gobierno”
Incluso, los parlamentarios notifican que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos dejará de ser un interlocutor válido para nosotros como parlamentarios a contar del día de hoy”.
En esa línea, Labbé y Lilayu sostienen que no admitirán como válido a la nueva cabeza de la entidad: “Tampoco reconoceremos públicamente a su nuevo presidente/a para cualquier acción o iniciativa en la que se nos involucre. Asimismo, queremos informarle que, en la próxima discusión de la Ley de Presupuesto 2023, revisaremos en detalle el presupuesto que se le destina anualmente al organismo, sin descartar la posibilidad de disminuir significativamente los recursos públicos con los que cuentan, puesto que no estaremos disponibles para financiar una institución que, como ha quedado en evidencia, está pronto a convertirse en un brazo armado del gobierno en materia de políticas de derechos humanos”.
El diputado Lilayu afirma que limitar los recursos es relevante en medio de esta polémica. “No es posible que, con recursos de todos los chilenos, estemos financiando un centro de culto a Fidel Castro o Nicolás Maduro, un instituto que ha perdido la objetividad establecida en su propia normativa, pues para nadie es un misterio que el Instituto se transformara en el brazo armado de todos aquellos delincuentes del 18 de Octubre”, critica.