Este martes se conoció la segunda condena del Caso Penta. Esto luego que el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez accediera a un juicio abreviado en el marco de la indagatoria por delitos reiterados y consumados de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes. Ilícitos perpetrados entre junio de 2007 y diciembre de 2012.
Según la fiscalía, Álvarez habría utilizado un mecanismo informático para evadir dineros ante el Servicio de Impuestos Internos, en favor del holding Penta.
El 8° juzgado de garantía de Santiago le fijó una condena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. Junto con esto, se le fijaron dos multas:
- Una por $80.000.000, monto que corresponde al doble del provecho solicitado o aceptado.
- La segunda por $267.947.802, correspondiente al total del monto defraudado por el delito tributario.
Junto con esto, se le fijó al ingeniero la inhabilitación absoluta para ejercer cargos u oficios públicos por cinco años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer sus derechos políticos.
El dictamen señala que Álvarez deberá cumplir la pena sustitutiva dando cumplimiento estricto a un "programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de las condiciones especiales", según establece el fallo.
Asimismo, el tribunal prohibió al condenado concurrir "los domicilios donde operan las empresas que están ligadas a la presente investigación y que han sido mencionadas en la acusación, empresas todas pertenecientes al grupo Penta, como también a las empresas pertenecientes al imputado Hugo Bravo López, y que corresponde a Challico y Santa Sarella".
Junto con esto se le prohíbe aproximarse al resto de los imputados del caso mientras se cumpla el plazo de los cinco años de condena.