El Consejo de Defensa del Estado, presentó una querella criminal contra el exalcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, por su presunta participación como autor del delito de fraude al Fisco.
Además, el CDE informó que la querella también va dirigida contra dos exfuncionarias de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque (CORPIRQUE) por el mismo delito. Se trata de las exfuncionarias Ángela Galvez y Claudia González, exsecretaria general y exdirectora de salud de dicha corporación, respectivamente.
La querella interpuesta por el CDE, fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto contra Balmaceda en su calidad de presidente de la CORPIRQUE y detalla lo siguiente:
"Se trata de actuaciones que dan cuenta de una gestión desleal del patrimonio que causó un perjuicio al Fisco de Chile debido al pago de bonificaciones y asignaciones sin justificación como por el posterior finiquito de los contratos de ambas querelladas por una causal falsa e improcedente, que incorporó además el pago de dichas bonificaciones y asignaciones".
En esa línea, señala que "en ambos casos, se invocó la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, sin justificación alguna, además de no indicar fundamentos de hecho, sin que existiera carta de aviso, lo que incluyó indemnizaciones millonarias mediante un acuerdo realizado días antes de que Balmaceda y Gálvez dejaran de representar a la CORPIRQUE".
Desde el Consejo de Defensa del Estado, explican que los cargos públicos que tenían las trabajadoras, de acuerdo a lo estipulado en la ley, no permite poner fin a dichos contratos de trabajo por la causal "necesidades de la empresa", por lo que se habría realizado para obtener prestaciones de manera ilegal a favor de ambas exfuncionarias.
Sobre Gálvez Osorio, en el finiquito se estipuló y, posteriormente, se pagó $63.351.738 por concepto de indemnización, vacaciones pendientes y años de servicio.
Por su parte, respecto de Claudia González, a pesar de que llevaba contratada menos de un año y medio por la CORPIRQUE, se estipuló un pago de $38.369.993, no obstante que, legal y jurídicamente dichas indemnizaciones resultaban improcedentes.