El Primer Juzgado del Trabajo de Santiago acogió una acción de tutela laboral presentada por una funcionaria de la Municipalidad de Recoleta por vulneración del derecho a la integridad psíquica.
La denunciante, quien desempeña funciones en la institución desde hace dos décadas, acusó que sufrió acoso laboral por parte de funcionarios cercanos al alcalde desde 2015.
De acuerdo a lo detallado por ella, sufrió insultos, cuestionamientos, denuncias infundadas y un traslado de su lugar de trabajo, debido a una "postura política" distinta a la de la administración.
La denunciante además logró acreditar la afectación a su integridad física y psíquica a través de las licencias que le fueron extendidas desde 2018 hasta 2020 por un total de 490 días.
Del mismo modo, el tribunal estableció que no se utilizó el protocolo para denuncias de acosos sexual, laboral y de discriminación arbitraria dispuesto por el municipio en el caso de la denunciante.
Por dicho motivo, se sentenció a pagar una indemnización de $20 millones a la afectada, junto con decretar el "cese inmediato de las conductas de acosos hacia la actora sin represalias de ninguna clase".
Del mismo modo, se obligó al municipio a "adecuar" el protocolo de denuncias de abusos en cuanto a la aplicación a favor de los funcionarios.