El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió sancionar a autoridades de gobierno por denegación infundada y reiterada de entrega información y otros cargos relacionados con la transparencia al acceso de datos.
La medida se determinó luego de los procesos administrativos realizados contra las autoridades tras la fallida entrega de información solicitada vía Ley de Transparencia.
Entre los sancionados se encuentra la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Las sanciones son de carácter monetario, y fluctúan entre el el 30% y el 75% de su remuneración promedio anual.
La presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, sostuvo que "en plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción".
Del mismo modo, recalcó que las decisiones adoptadas son "coherentes" con lo planteado por la Comisión en el marco de la crisis por Covid-19.
"La CIDH subrayó que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es una cuestión que deben tener clara las autoridades”, sentenció.