Una nueva arista se dio a conocer este lunes en relación con el escándalo de licencias médicas y su uso, eventualmente fraudulento, por más de 25 mil funcionarios públicos.
Esta vez la Contraloría General de la República (CGR) informó que detectó que 3.532 servidores públicos presentaron licencias emitidas por alguno de los 44 profesionales de la salud que están actualmente siendo investigados por el Ministerio Público por entrega o venta fraudulenta de estas certificaciones.
El hallazgo se logró luego de un cruce de la información emitida entre el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales. Para ser más preciso, el ente fiscalizador detectó que del total de 6.632 personas que fueron receptoras de estos documentos, contenidas en el listado del ente persecutor, 3.532 funcionarios (53% del total) estaban en ejercicio de sus labores hasta junio de 2025.
Al mismo tiempo, se detectó que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, con un total de 192.781 días de reposo autorizados.
Caso licencias médicas: médicos investigados por la Fiscalía en la mira
Además, Contraloría precisó que de los 44 médicos, todos de nacionalidad extranjera, que la Fiscalía investiga actualmente, diez ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, de los que cinco de ellos no tenían el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), prueban que deben aprobar para legalmente trabajar en el sistema público de salud.
"El informe señala que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas", explicó un comunicado de la CGR.
Contraloría también evidenció que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias médicas entre 2020-2022, volvieron a hacer uso de estas en el período 2023-2025. Respecto a estos documentos, 1.208 fueron otorgados por seis de los mismos médicos investigados por el Ministerio Público.
"Dadas las irregularidades expuestas -entre otras acciones derivadas- la Contraloría General de la República notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos, toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito. Asimismo, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su EUNACOM", advirtió Contraloría.
