La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reglamento que ingresó el Ministerio de Transportes para modificar algunos aspectos de la ley que regula a los taxis.
A través de un oficio dirigido al ministro Louis de Grange, la contralora Dorothy Pérez respondió que no dieron "curso al documento del epígrafe, que modifica el decreto supremo N° 212".
Ello, explica, porque "el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi (...) sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública".
Asimismo, el documento de la Contraloría plantea que "resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transportes".
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