Pablo Cádiz y Leslie Ayala
La Contraloría desestimó esta jornada el recurso ingresado el pasado 27 de agosto por la Asociación de Fiscales, quienes pedían dejar sin efecto la designación de Alberto Ayala como fiscal de Antofagasta.
De esta forma, el persecutor podrá asumir en su nuevo cargo el próximo 10 de octubre, fecha en que Cristián Aguilar dejará el cargo.
Este será la segunda vez que el fiscal Ayala se hace cargo de Antofagasta. En el año 2000 ocupó esa plaza hasta que se trasladó como fiscal regional de Los Lagos en 2007 para finalmente, en 2011, asumir la jefatura de la zona Metropolitana Oriente.
La llegada de Ayala a la fiscalía de Antofagasta, además, destrabará la carrera por la zona Metropolitana Oriente, donde se mencionan los nombres de Carlos Gajardo, José Veizaga y Cristián Castro.
La importancia de este fallo radica en que será Sabas Chahuán -cuyo mandato culmina el 30 de noviembre- quien deberá tomar la decisión sobre el sucesor de Ayala.
Los argumentos del fallo
La Asociación de Fiscales criticaba la llegada de Ayala a la fiscalía de Antofagasta, entre otras cosas, porque estimaban que no permitía una adecuada renovación en los cargos.
En el escrito -al que accedió en exclusiva T13- la asociación pedía dejar sin efecto tanto la designación de Ayala como la del fiscal de Punta Arenas, Juan Agustín Méndez, en la región de Los Ríos. Esto pues sostienen que el desempeñarse como jefes regionales les impediría ser nombrados en esa calidad en otras zonas.
En el fallo, la Contraloría sostiene que "la expresión 'periodo siguiente', que condiciona el impedimento para ser designado nuevamente en la plaza de que se trata, adquiere verdadero y práctico sentido sólo en lo que atañe a la plaza de fiscal regional de la misma región".
Del mismo modo se sostiene que ya en tres oportunidades el ente ha adoptado el mismo criterio frente a traslados de fiscales regionales.
Aunque no era parte del escrito, los persecutores también reprochaban que Ayala está siendo investigado por el Ministerio Público a raiz de las acusaciones sobre supuestas presiones a Interior sobre el caso SQM.