Cerca de $80 millones es el monto que iba a recibir la ministra de Salud, Carmen Castillo, si se beneficiaba de la Ley de Incentivo al Retiro, una norma que la misma secretaria de Estado impulsó en el Congreso durante el año 2016, destinada a compensar la jubilación de quienes se desempeñan en el sector salud.
Aunque valoró la decisión de Castillo de renunciar beneficio, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó la asignación de este millonario pago a la ministra.
“Este es uno de los casos más evidentes y flagrantes en materia de conflicto de interés. Que un ministro de Estado firme y presente un proyecto de ley como colegislador, lo tramite durante todas sus etapas legislativas, logre su aprobación y firme el reglamento de esa ley es lamentable y se merece el mayor repudio”, sentenció.
La norma que permitiría el pago de estos montos es la 20.291 y señala en su artículo 1 que el bono que podrían recibir los funcionarios “será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio”. Incluyendo una serie de asignaciones especiales, el sueldo bruto de Castillo se eleva sobre los $7,9 millones mensuales.