El proyecto del diputado republicano Agustín Romero, que sanciona con cárcel la venta, oferta o facilitación de Misotrol, medicamento utilizado para la interrupción del embarazo, fue cuestionado por las diputadas de oposición.
A T13, Romero explicó que "no podemos tolerar como sociedad que hoy prolifere un mercado informal de un medicamento que puede tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y que se ha estructurado sobre la base de generar abortos al margen de la ley".
Sin embargo, para las diputadas la motivación no está relacionada con la importancia de poner fin al mercado informal, sino que responde a una "batalla cultural".
Tras conocerse el proyecto, la diputada Lorena Fries (FA), planteó que "no se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país".
"Tendremos que seguir oponiéndonos y resistiendo a que se nos restrinjan los derechos y las libertades", agregó.
En la misma línea, la diputada Carolina Cucumides (PS) cuestionó que "mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural y de ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente".
A ello sumó que no estamos en época "para enfrentarnos en términos valóricos (...), las mujeres tenemos derechos, los hemos ganado y los hemos conquistado por años, y no vamos a permitir retroceder ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres se respetan".
En tanto, la diputada Constanza Schönhaut (FA), puso en duda los argumentos entregados por Romero y lo instó a "explicar por qué propone crear un delito especial para el Misotrol y no para los cientos de fármacos que se comercializan irregularmente en ferias, redes sociales e internet".
De acuerdo con la parlamentaria, "la respuesta es evidente, porque disfraza de preocupación sanitaria una nueva ofensiva ideológica contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No se trata de fiscalización, es parte del libreto de ultraderecha para hacer retroceder los derechos de las mujeres".
Desde el PDG, la diputada Zandra Parisi, sostuvo que "más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal. El verdadero problema que tenemos es el mercado clandestino, que lucra con la salud de las personas".
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